La condición de integrantes del legislativo regional trasladó a ese máximo tribunal la competencia para conocer las causas penales que involucran a los tres, quienes figuran entre los investigados por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña.

Mientras el juicio principal por el expediente Odebrecht, que incluye al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), ahora asilado en Colombia, exministros y empresarios, concluyó en febrero pasado, todavía se espera el pronunciamiento judicial correspondiente.

En los procesos contra Varela y los hermanos Martinelli Linares tampoco se ha anunciado fecha de audiencia.

Consultada sobre la demora, la presidenta de la CSJ, María Cristina Chen Stanziola, explicó a la prensa extranjera acreditada que la programación depende de la Secretaría del tribunal y del movimiento procesal de cada expediente.

La magistrada precisó que los miembros de la CSJ no intervienen directamente en la fijación de las audiencias y evitó referirse a los casos particulares.

Varela fue llamado a juicio en noviembre de 2022 por su presunta vinculación con delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Durante las audiencias presentó diversos recursos legales, entre ellos amparos de garantías y una solicitud de nulidad, que fueron rechazados por la CSJ.

Por su parte, los hermanos Martinelli Linares fueron condenados en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero, tras admitir su participación como intermediarios en el esquema de pagos ilícitos de Odebrecht, presionados por su padre, según confesaron. En Panamá enfrentan cargos por blanqueo de capitales relacionados con esa misma trama.

La causa original se encuentra en manos del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez. Sin embargo, la condición parlamentaria de los tres imputados determina que sus expedientes deban ser conocidos por el Supremo.

El caso Odebrecht constituye uno de los mayores escándalos de corrupción empresarial de América Latina, según analistas.

Tal investigación se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 –luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países–, y culminó en octubre de 2018.

En Panamá, Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el istmo.

Para los estudiosos, el inicio del juicio Odebrecht coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.

El sonado caso de Odebrecht dejó condenas firmes en varias naciones de la región, luego de complejas investigaciones.

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