Darmanin insistió en un llamado a los fiscales a atender en la menor brevedad posible a responsables de hechos delictivos, en un llamado considerado por representantes de sindicatos como un intento de criminalizar a los participantes en las demostraciones.

En una circular dirigida a los fiscales, el ministro pidió que se apliquen penas complementarias a las personas condenadas por saqueos, destrozos y agresiones.

Las medidas incluirían la prohibición de participar en manifestaciones, suspensión temporal del derecho al voto y cierre de cuentas en redes sociales.

También reclamó que se informe a los empleadores de los trabajadores condenados y que se aceleren las sanciones, especialmente ante posibles incidentes durante la noche, indicó el canal de televisión BFMTV.

La víspera, el ministro del Interior Laurent Nuñez participó en una reunión de emergencia del gabinete para organizar medidas de seguridad y para controlar el desarrollo de los movimientos de protestas convocados en todo el país contra la carestía de la vida.

Aunque figura como un derecho de la Constitución gala, Nuñez afirmó que dejó en manos de prefectos y alcaldes la decisión de permitir o prohibir las marchas de este sábado que en todos los casos evitarían los centros urbanos para descartar el pillaje de extremistas.

El Gobierno mostró vídeos en la televisión francesa, donde aparecen llamados por jóvenes radicalizados a causar el caos, un mensaje del que se desentendieron varios de los responsables de la convocatoria de protestas, incluidos sindicatos de la docencia y los estudiantes.

De su lado, siete organizaciones sindicales de trabajadores y estudiantes presentaron ayer un recurso de urgencia contra la Prefectura de Policía de París para exigir que publique “lo antes posible” la orden que prohíbe parcialmente la manifestación del sábado en la capital.

Su objetivo es que la decisión oficial se conozca con suficiente antelación para poder impugnarla ante los tribunales, señaló BFMTV.

El pasado miércoles, gremios como la CGT, FO, la FSU y Solidaires, junto con las organizaciones estudiantiles Fage, Union étudiante y Unef, denunciaron que las autoridades les comunicaron verbalmente la prohibición del recorrido previsto entre las plazas de la Bastilla y de la Nación.

Como alternativa propusieron trasladar la movilización a un itinerario entre la Porte de Bagnolet y la Porte de Charenton, en los límites de París.

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