El viernes el gobierno solicitó la dimisión a Silva, quien estampó su firma en varios de los decretos que concedieron beneficios a 56 condenados por delitos sexuales contra menores.

El conflicto escaló cuando Silva publicó un video en las redes sociales, sin consultar con su jefe, donde afirma que había actuado conforme al criterio establecido por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Lejos de aplacar el escándalo, la salida del subsecretario echó más leña al fuego, y el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, pidió al presidente José Antonio Kast reconsiderar su viaje al Vaticano y concentrarse en resolver la crisis.

“Las cosas como son. Echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños. Presidente Kast, asuma la responsabilidad y saque al ministro Rabat”, expresó la senadora socialista, Daniela Cicardini.

En las últimas horas la Fiscalía decidió abrir una investigación penal contra Rabat y Silva por prevaricación administrativa, que se comete cuando una autoridad dicta una resolución injusta y arbitraria.

La denuncia hacia los dos funcionarios fue presentada por los diputados Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Socialista, por violar el artículo 17 de la Ley 19.856 que excluye de beneficios a personas sancionadas por abusos a menores.

Esta semana, representantes de distintas organizaciones sociales participaron en una manifestación frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para exigir la dimisión de su titular y de otras autoridades de esa cartera.

Mientras legisladores de oposición anunciaron una acusación constitucional contra Rabat.

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