“Para cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Abelardo de la Espriella presenta una reforma tributaria que favorece a los más ricos mientras castiga a la clase media y a los sectores populares”, escribió el legislador en su cuenta de la red social X.

A juicio del excandidato presidencial, el gobernante pretende poner gravámenes a los alimentos de la canasta familiar mientras alivia las cargas tributarias de los más poderosos.

También opinó que parecen haber olvidado lo ocurrido cuando el expresidente Iván Duque (2018-2022) intentó aplicar ese tipo de medida en 2021, tras lo cual la nación experimentó un estallido social.

“Si el gobierno insiste en este camino, encontrará una contundente respuesta de movilización social y protesta pacífica”, auguró Cepeda.

La iniciativa radicada el pasado jueves en el Congreso propone retirar varios productos de la lista de bienes excluidos del Impuesto del Valor Agregado y pasar otro grupo que se incluyen en el cinco por ciento, dentro del cual se hallan granos, lácteos, frutas y verduras, a la tarifa general del 19 por ciento a partir del 1 de enero de 2028.

Es decir, comestibles como el café, azúcar, aceites vegetales, pastas y harinas perderían su tarifa reducida y los hasta hoy exentos (fríjoles, lentejas, garbanzos, maíz, sal, quesos frescos y una amplia variedad de frutas y hortalizas frescas) comenzarían a gravarse.

Según apuntó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Gabriel Becerra, la propuesta también implica más obligaciones para la clase media por medio de mayores tributos a la salud y a la renta, mientras los más ricos se verían beneficiados con la modificación del impuesto al patrimonio.

“Le cobran más a quienes menos tienen y les alivian la carga a quienes más tienen. Un desastre total”, lamentó.

Otros ejes del proyecto de ley generan asimismo inquietud en sectores de oposición.

Provoca preocupación, por ejemplo, el relacionado con la reducción el tamaño del Estado en 15 por ciento (lo cual afectaría a más de 200 mil empleados públicos).

Uno de los puntos más controvertido es el que busca darle facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para reestructurar la rama ejecutiva mediante la fusión o supresión de entidades públicas, la modificación de las plantas de personal y la reorganización de fondos y transferencias del Estado para reducir el gasto operativo.

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