El informe precisa que los gastos totales del sector público no financiero ascendieron a nueve mil 635 millones de dólares, frente a ingresos por cinco mil 669 millones, lo que generó un déficit de tres mil 966 millones de dólares.

La diferencia evidencia la dependencia del financiamiento externo e interno para cubrir los compromisos estatales, en un escenario marcado por la insuficiencia de ingresos fiscales.

Entre los principales componentes del gasto corriente figura el pago de salarios y otras remuneraciones del sector público, cuyo monto alcanzó tres mil 37 millones de dólares en agosto, un incremento de 5,4 por ciento, equivalente a 155 millones más respecto a igual período de 2025.

El gasto del Gobierno Central comprende el funcionamiento de instituciones como la Asamblea Nacional(parlamento), la Contraloría General de la República, los ministerios, el Órgano Judicial, la Procuraduría y otras entidades, además del servicio de la deuda.

La insuficiencia de la recaudación tributaria constituye otro de los factores que inciden en el desequilibrio de las finanzas públicas. Al respecto, investigaciones periodísticas han advertido sobre una brecha de incumplimiento en el impuesto sobre la renta empresarial superior a ocho mil millones de dólares, de acuerdo con datos del Boletín Estadístico Tributario de 2023.

En declaraciones al diario La Estrella de Panamá, el economista y especialista en análisis de riesgo Ernesto Bazán consideró inviable revertir el ahorro corriente negativo al cierre del actual quinquenio gubernamental sin una reforma del gasto que incorpore medidas de austeridad.

A su juicio, el país no necesita necesariamente una reforma tributaria, sino una reducción de erogaciones innecesarias, el control del despilfarro, la revisión de exoneraciones fiscales y mejoras en la recaudación, sin afectar la atención social a los sectores más vulnerables.

En medio de ese panorama, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la víspera el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por 35 mil 111,75 millones de dólares, aprobado previamente por el Legislativo.

La iniciativa recibió cuestionamientos de diputados y representantes de la sociedad civil, particularmente por disposiciones que flexibilizan la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas para determinadas instituciones.

Entre ellas figura el artículo 370, que exceptúa a entidades como los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno de la aplicación de esa normativa para compras de hasta un millón de dólares.

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