Según comunicó en conferencia de prensa celebrada en el Congreso de Colombia, en la misiva expone los nexos del jefe de Estado con Hugues Rodríguez, cuyo alias es “comandante Barbie”, quien reconoció ante un juez del Distrito de Columbia, en Washington, que incurrió en lavado de activos.

Denunció que no solo hay evidencias de la existencia de una relación comercial con una persona judicializada como narcotraficante, sino que ahora también hay pruebas de la intención de despojar a campesinos de las tierras que recibieron de una hacienda que le fue decomisada a Rodríguez.

“Entonces, el primer hecho que ponemos en conocimiento de las autoridades estadounidenses es que, más allá de su relación abogado-cliente y de la relación entre la firma De la Espriella Lawyers y los narcotraficantes y exparamilitares o paramilitares activos, hay una relación comercial y hay una relación inmobiliaria entre el señor de la Espriella y los narcotraficantes”, señaló.

También remarcó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que es la institución encargada de perseguir y entregar los capitales del narcotráfico a víctimas o comunidades rurales, está hoy bajo la conducción de Diana Bravo, quien se desempeñó como abogada de las personas que están precisamente litigando esos bienes.

“Advertimos a las autoridades estadounidenses, a los congresistas demócratas, que la política que está llevando a cabo Estados Unidos con relación al narcotráfico en Colombia se puede ver severamente debilitada, puesto que los bienes incautados pueden volver por una especie de puerta giratoria a las manos de los narcotraficantes”, alertó.

Manifestó Cepeda que hay comunidades rurales en riesgo y sostuvo que, con esa tendencia, se va “hacia una política en la cual la tierra en Colombia se convertirá de nuevo en un elemento de masivo lavado de activos”.

Por otra parte, agregó que a la luz de las enmiendas propuestas por congresistas demócratas de Estados Unidos, solicita que se condicione la asistencia en seguridad y antinarcóticos de manera que ninguna organización narcotraficante o terrorista sea beneficiaria de las políticas del actual gobierno.

“Hemos pedido audiencias ante el Congreso de Estados Unidos para que podamos informar directamente lo que está ocurriendo junto a representantes de las organizaciones campesinas, de poblaciones indígenas y afrodescendientes, para que haya un control estricto de lo que está ocurriendo en Colombia”, aseguró.

Añadió que la información periódica a las autoridades estadounidenses sobre su país se volverá un procedimiento habitual.

La carta está dirigida, entre otros, a los representantes Gregory Meeks, Alexandra Ocasio-Cortés y Jim McGovern.

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