El legislador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (CRE) del Senado, anunció que solicitará información al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada paraguaya en Brasil sobre la situación de los nacionales que viven en el país vecino.
Según estimaciones de la Cancillería brasileña citadas por Trad, alrededor de 270 mil brasileños residen en Paraguay y conforman una comunidad con importantes vínculos familiares, profesionales y económicos con su país de origen.
En una nota a la prensa, el senador señaló que su preocupación abarca también los posibles efectos de la situación sobre quienes viven, trabajan y desarrollan actividades empresariales en territorio paraguayo, así como las consecuencias para las relaciones comerciales y las inversiones entre ambas naciones.
Trad destacó la importancia particular de esos vínculos para Mato Grosso do Sul, estado brasileño que comparte una extensa frontera con Paraguay.
En ese contexto, mencionó proyectos estratégicos en marcha, como la Ruta Bioceánica, cuya ejecución depende de la cooperación y la estabilidad institucional entre los dos países.
Tal corredor constituye una iniciativa de integración logística y comercial que conectará regiones del interior sudamericano con los puertos del océano Pacífico, a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.
El senador manifestó su expectativa de que Paraguay supere la actual crisis preservando la confianza, la seguridad jurídica y la asociación histórica construida entre ambos países.
Asimismo, afirmó que, desde la presidencia de la CRE, seguirá los acontecimientos que puedan afectar los intereses brasileños y trabajará para preservar y fortalecer la cooperación bilateral.
Trad también expresó respeto por la soberanía y las instituciones paraguayas y consideró necesario que las autoridades de ese país encuentren, lo antes posible, una solución que garantice la estabilidad política, la continuidad institucional y la seguridad de la población.
La crisis en Paraguay estalló tras la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras de Paraguay, dispuesta por el Banco Central el 3 de noviembre, al constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido.
Esta medida afectó a unos 2,9 millones de clientes y desató protestas masivas en Asunción, protagonizadas por ahorristas, jubilados, estudiantes y trabajadores que reclamaron la devolución de sus recursos y responsabilidades políticas.
La conmoción derivó este jueves en la renuncia del presidente Santiago Peña y la aprobación del juicio político en su contra por la Cámara de Diputados.
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