Alrededor de tres millones de paraguayos se encuentran entre los damnificados por la quiebra de la entidad financiera, que operaba principalmente de manera digital. A esto se suma la pérdida de más de siete mil puestos de trabajo en empresas vinculadas al grupo económico, entre ellas medios de comunicación radiales y televisivos.
Luego que el Senado rechazó este viernes por mayoría de 39 votos frente a tres el pedido de Peña de 72 horas de prórroga para preparar su defensa, trascendió que no asistirá a la audiencia de enjuiciamiento y por él estarán los letrados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro.
El abogado Preda adelantó que se presentará junto a Ferreiro ante el Congreso para la presentación técnica del caso y el presidente queda -dijo- a disposición de si el Senado le permite su intervención para hacer su defensa política.
Después que los defensores expresen sus alegatos, la siguiente instancia será la presentación del mandatario ante el Senado, donde podrá responder a las acusaciones formuladas en su contra.
El proceso se desarrolla en medio de una crisis política y un estallido social que también abrió interrogantes sobre una eventual sucesión presidencial.
En caso de que Peña sea destituido o renunciara, la Constitución de Paraguay establece que el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del Poder Ejecutivo.
La Fiscalía incautó equipos informáticos, documentos y cajas fuertes en la corporación bancaria donde halló importante cantidad de archivos que serán analizados.
Por el momento, hay 27 ejecutivos imputados detenidos por el escándalo financiero que puso en jaque al gobierno de Paraguay y motivó que el presidente Peña anunciara su renuncia, aunque el Congreso la rechazó para que sea enjuiciado políticamente.
Narciso Castillo, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE-SN), calificó de «robo descomunal al pueblo paraguayo» el manejo y colapso de esa institución bancaria.
El dirigente de los empleados estatales demandó que Peña sea llevado a la justicia y pague por este crimen contra el pueblo paraguayo. Acusó, además, a Peña por la grave crisis económica que atraviesa el pueblo.
Castillo alertó que instituciones del gobierno realizaron inversiones en el banco Alertó, poniendo en riesgo recursos destinados, entre otros fines, a garantizar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores.
Según el periodista José Villuela, Peña era socio del Banco Ueno, y renunció a la sociedad para postularse como presidente, no obstante dejó a su hermano en el directorio de la institución.
Básicamente, crearon una empresa bancaria sin dinero; armaron toda una estructura legal y financiera, desde el gobierno, para poder transferir casi mil millones de dólares del Instituto de Previsión Social, dinero de todos los paraguayos, al banco del hermano del presidente, afirma Viñuela en su información.
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