El Gobierno afrontó nuevas presiones políticas, sindicales y empresariales para introducir modificaciones en sus planes económicos, mientras persisten las preocupaciones por el costo de la vida, el empleo y los servicios públicos.
La propuesta presupuestaria para el próximo año, estimada en unos 26 mil millones de euros, abrió una nueva etapa de confrontación entre el Ejecutivo y distintos sectores sociales. Las principales objeciones se concentran en las partidas destinadas a sanidad, educación y pensiones, así como en la financiación de las administraciones regionales.
A interior de la coalición gobernante también surgieron diferencias sobre posibles modificaciones al proyecto. Forza Italia reclamó revisar algunos aspectos de la actualización de las pensiones y los recortes educativos, mientras Liga defendió alternativas para facilitar la jubilación anticipada.
Por su parte Fratelli d’Italia, el partido que lidera de primera ministra, Giorgia Meloni, mostró cautela ante los cambios que puedan alterar el equilibrio financiero de la iniciativa.
Ante el creciente malestar, la jefa de Gobierno convocó a representantes de las organizaciones sindicales y empresariales para el próximo 13 de noviembre en el Palacio Chigi.
Entretanto, las comisiones presupuestarias de ambas cámaras iniciarán el lunes 9 una ronda de audiencias con instituciones, asociaciones y agentes económicos para examinar el proyecto.
En el ámbito energético, el Gobierno volvió a aplazar para la semana próxima la aprobación del denominado Decreto Bollette, concebido para reducir el costo de la electricidad y el gas para familias y empresas.
Otro de los principales focos de preocupación es la crisis de la antigua siderúrgica Ilva de Taranto, cuyos hornos comenzaron a apagarse el pasado 3 de noviembre, después que la Corte de Casación confirmara la paralización de las instalaciones del área de producción en caliente. La víspera, una reunión entre representantes sindicales y el Ministerio de Trabajo concluyó sin acuerdo sobre la solicitud de ampliar hasta ocho mil 622 el número de empleados acogidos a la caja de integración salarial.
En el sector educativo, la previsión de eliminar cuatro mil 925 puestos docentes y dos mil 49 plazas de personal administrativo y auxiliar a partir del curso 2027-2028 provocó nuevas críticas de sindicatos y partidos opositores.
Las tensiones también alcanzaron al personal sanitario y a los cuerpos policiales, cuyos representantes reclamaron mayores recursos, mejoras salariales y garantías para sus sistemas de previsión social.
Los sindicatos de la enseñanza anunciaron movilizaciones para el 11 de noviembre, mientras la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) mantiene convocada una huelga general para el día 20.
La jornada de este sábado está marcada asimismo por nuevas manifestaciones en las ciudades de Turín, Bolonia, Génova, Roma, Florencia, Milán, Udine y Lecce contra el encarecimiento de la vida, los gastos militares, la guerra, el aumento de los alquileres y los recortes en educación y sanidad.
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