La principal demanda de los transportistas en huelga desde el 29 de octubre era la revisión de las tarifas, congeladas hace más de cinco años, y que ya no se corresponden con los nuevos costos por el aumento del precio de los insumos, en particular en el diésel.

Sólo en los primeros 10 meses de 2026, este combustible tuvo un alza de más del 50 por ciento, según el informe sobre la inflación publicado la víspera por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En esencia el acuerdo conseguido incluye la actualización de hasta un ocho por ciento de las tarifas de carga.

Además, éstas dejarán de ser fijas y se ajustarán según el Índice de Costos de Transporte-Diésel (ICT-Diésel), elaborado por el INE para medir la variación real de ambos componentes y su efecto en el precio del servicio prestado por los camioneros.

Por otra parte, el gobierno pondrá al servicio de las pequeñas y medianas empresas del ramo una línea de crédito especial.

El convenio incluye una cláusula según la cual, las negociaciones entre las asociaciones de transportistas y las empresas generadoras de carga serán individuales.

Una buena parte de los camioneros independientes retomaron sus labores este sábado y el resto lo harán el próximo lunes.

Los problemas para el gobierno, sin embargo, continúan, pues hoy se conoció que un sector de la Confederación Fuerza Norte de transportistas de carga llamó a una huelga a partir del martes 10 de este mes.

Básicamente, las razones son muy similares a las de la protesta ocurrida en el Puerto de San Antonio: el aumento desmedido del diésel y otros insumos y su impacto en los costos.

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