La determinación, adoptada por el ministro Luiz Fux, atiende una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y paraliza las acciones judiciales en curso en las instancias inferiores que cuestionan la Medida Provisional 1.394/2026, aprobada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con esa acción, el mandatario dispuso el cese de las operaciones de las plataformas de apuestas de cuota fija en el país.

Según informó la cadena CNN Brasil, integrantes del Palacio de Planalto consultados bajo reserva consideraron favorable la decisión de Fux, pues contribuye a preservar el orden público y prevenir la inseguridad jurídica en un asunto de gran repercusión económica y social.

El Ejecutivo temía una multiplicación de decisiones judiciales en distintos estados que permitieran a las empresas del sector reanudar sus actividades, pese a la prohibición establecida por el Gobierno.

La preocupación aumentó después de que el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región concediera una medida cautelar favorable a tres casas de apuestas, identificadas como Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online, pertenecientes a la empresa CDA Gaming.

Posteriormente, el presidente de esa corte, Luís Antonio Johonsom di Salvo, suspendió la autorización a solicitud de la Abogacía General de la Unión.

Ante la posibilidad de que se multiplicaran decisiones similares en otros tribunales, el procurador general de la República, Paulo Gonet, acudió al Supremo para solicitar la paralización de los procesos, al argumentar que la aplicación desigual de la normativa generaba inseguridad jurídica.

Fux acogió el pedido y advirtió sobre el riesgo de resoluciones contradictorias, con el agravante de que podrían permitir la reanudación de una actividad que calificó de perjudicial y de elevado riesgo social.

Esa suspensión permanecerá vigente hasta que el pleno del STF resuelva las cuatro acciones directas de inconstitucionalidad presentadas por entidades vinculadas al sector de las apuestas.

La decisión de este lunes no representa todavía un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la medida gubernamental. Paralelamente, la acción impulsada por Lula deberá pasar por el análisis del Congreso Nacional.

El Gobierno defiende la restricción a las llamadas bets como una respuesta a los perjuicios de las apuestas sobre la salud y la economía de las familias, mientras representantes de la industria y del deporte advierten sobre pérdidas económicas y el posible crecimiento del mercado clandestino.

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