A lo largo de los últimos días en La Paz y otras ciudades del país afiliados a la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana se movilizaron en las principales calles de los nueve departamentos gubernamentales contra el proyecto de descentralizar los institutos técnicos y tecnológicos.

Los docentes también exigieron, entre otras demandas, que se respete el escalafón docente, aumenten los salarios y no se privatice la educación, la cual debe ser pública, fiscal y gratuita.

En una reunión la víspera entre las directivas de los docentes urbanos y el ministro de Educación, Erick Sanjinés, los primeros decidieron romper el diálogo ya que el Ejecutivo insiste en proseguir con su plan de descentralización educativa.

Ante esa situación, la ejecutiva del magisterio urbano, Miriam Ayala, anunció que en los próximos días se realizarán nuevas medidas de presión por los educadores, y apuntó que “no vamos a permitir que se privatice la educación fiscal a nombre de la descentralización”.

En otro orden informativo, en la semana destacó también la estancia del mandatario, Paz, en la Conferencia sobre Cambio Climático (Cop 31) en Altaya, Türkiye, espacio en que defendió que el medio ambiente debe convertirse en un instrumento valioso para construir la paz.

Al intervenir en la cita, auspiciada por las Naciones Unidas, el mandatario planteó que la agenda ambiental puede contribuir a superar conflictos y construir mejores condiciones para venideras generaciones.

La conservación del entorno ecológico está llamada a generar ingresos, empleo y oportunidades en beneficio de las comunidades, expresó en ese contexto.

En otra parte de su discurso, el gobernante destacó el papel estratégico de este país altiplánico en la protección de los recursos hídricos, los bosques y la biodiversidad.

Tuvo amplia repercusión en los medios bolivianos, asimismo, la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Eduardo Ortega, en reemplazo de Roger Saucedo.

El flamante directivo del TSJ declaró en la ceremonia de investidura que siente dolor por la profunda crisis institucional que atraviesa el sistema de justicia boliviano, en que varios funcionarios han sido destituidos, entre ellos el fiscal general del Estado Róger Mariaca, acusado de presuntos nexos con el narcotráfico.

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