En un comunicado conocido en esta capital, la entidad financiera ponderó la “racionalización del gasto público” y “la progresividad del sistema tributario”, mientras legisladores progresistas denuncian que, con la norma, el desempleo superaría el 10 por ciento a los 32 meses de ejecutada, lo cual perjudicaría a medio millón de personas.
Un equipo del personal técnico del FMI dirigido por Ding Ding, jefe de misión del organismo para Colombia, visitó Bogotá del 3 al 13 de noviembre para llevar a cabo la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026 y examinar cómo el organismo contribuiría a las reformas que buscan implementar las autoridades colombianas.
Con su dictamen, el ente manifiesta públicamente su apoyo al contenido de un proyecto que, de la manera en la que está radicado en el Congreso, propone gravar con el 19 por ciento a diversos alimentos tales como tomate, cebolla, banano, cítricos, uvas, granos, pastas, chocolate, miel, sal, azúcar, café y harinas, entre otros.
Sin embargo, el pasado domingo, en una alocución transmitida en cadena nacional, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró no se aplicarán tributos a la canasta familiar y los productos agropecuarios.
Según planteó el mandatario, en un momento en el cual la convocatoria a un paro nacional aumentaba, la propuesta es un “proyecto en construcción” y aseveró que buscará consenso con todos los partidos, cuando algunas bancadas, incluso las de gobierno, ponen reparos para aprobar aumentos a los comestibles.
Pese al anuncio, la senadora por el Pacto Histórico Carolina Corcho remarcó que la iniciativa sigue siendo cuestionable.
Recordó que el proyecto baja la renta a las grandes empresas del 35 al 31 por ciento, y alertó sobre la eventual venta de activos de la nación, lo cual constituye el patrimonio de todos los colombianos.
“Dice que el Estado está al borde de la quiebra, y al mismo tiempo rebaja la renta a las grandes corporaciones. Dice que busca caja sin afectar al ciudadano, y recorta hasta el 65 por ciento de los contratistas y vende lo público. ¿A quién le cobramos impuestos aquí?”, cuestionó la congresista.
Aún cuando el gobierno no lo confirma, se especula que estaría valorando solicitar un préstamo de hasta 15 mil millones de dólares al FMI.
De acuerdo con lo que informan de manera preliminar medios especializados, se trataría de un acuerdo de reserva con un período de amortización y repago de dos a cinco años.
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