Este lunes, mientras el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, participa en Toronto en la convención minera Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), los colectivos repudiaron la promoción de Ecuador como destino para ese tipo de actividades.
En una carta dirigida al embajador canadiense, Stephen Potter, señalan que las experiencias de comunidades campesinas e indígenas y pueblos ancestrales, en cuyos territorios operan empresas mineras, resultan escandalosas la violación de los derechos humanos.
El documento está suscrito por más de 80 colectivos, entre ellos Acción Ecológica, Quito Sin Minería, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), entre otros.
A las puertas de la legación diplomática, Klever Armijos, residente en la parroquia de Pacto, ubicada en el noroccidente de Quito y parte de la reserva de la biosfera del Chocó Andino, solicitó a la empresa Natural Resources la reparación del daño ambiental y arqueológico ocasionado a su comunidad por la actividad minera.
Si bien actualmente sólo existe en Ecuador una mina a gran escala operada por la empresa canadiense Lundin Gold, dedicada a la explotación de oro, hay otros proyectos en trámites, entre ellos Curipamba-El Domo en la provincia andina de Bolívar, a cargo de la compañía Curimining.
Las organizaciones firmantes de la carta aseveraron que existen irregularidades como la falta de licencias ambientales, los contratos laborales temporales y estrategias de división comunitaria y enfrentamiento interno.
La coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrobo, aseguró que las entidades firmantes consideran que Noboa en Canadá está vendiendo un Ecuador minero a espaldas de la gente y de las comunidades.
Su intención parece ser colocar a los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas en condición de sacrificables ante la expansión de la minería, afirmó Cecilia Chérrez, del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo.
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