El FA calificó la medida como autoritaria, antidemocrática y dirigida a debilitar a las fuerzas populares de oposición y de izquierda en esa nación.
María Teresa Cabrera, presidenta del FA, manifestó que la decisión contra UP se inscribe en una política de persecución impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, orientada a criminalizar la protesta social, restringir derechos políticos y golpear a las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, la juventud y los sectores populares.
Cabrera señaló que resulta preocupante que el CNE haya actuado sobre la base de un informe cuestionado, que atribuye a UP una supuesta pérdida masiva de afiliados, pese a que, según la propia documentación oficial, en los últimos cuatro años apenas se habrían producido mil 410 desafiliaciones.
«Estamos ante una maniobra política que busca sacar del escenario electoral a una fuerza legitima del pueblo ecuatoriano”, afirmó la dirigente.
La presidenta del FA denunció que la cancelación del registro de Unidad Popular constituye un grave precedente para la democracia en América Latina, pues utiliza mecanismos institucionales para excluir a organizaciones políticas de izquierda y populares.
Indicó que este tipo de acciones recuerdan prácticas autoritarias destinadas a cerrar los espacios de participación democrática y favorecer a los sectores oligárquicos.
«El FA de la República Dominicana se suma al llamado de solidaridad internacional en defensa de UP, de sus derechos políticos y de la lucha del pueblo ecuatoriano.
Ningún gobierno tiene derecho a ilegalizar la organización consciente de los trabajadores y del pueblo», expresó Cabrera.
Finalmente, el partido dominicano llamó a las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias de toda la región a denunciar esta medida y a acompañar en las acciones políticas y jurídicas que emprenda UP para recuperar plenamente su registro electoral y continuar su participación en la vida política de Ecuador.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador canceló la víspera al partido Unidad Popular del registro oficial, cuando faltan siete meses para los comicios seccionales de noviembre.
La decisión fue adoptada por el pleno del organismo en una sesión marcada por desacuerdos internos y votaciones divididas, indicó Prensa Latina desde Quito.
Señaló que el presidente de UP, Geovanny Atarihuana, calificó la decisión como “vergüenza nacional” y acusó al CNE de estar al servicio del presidente Daniel Noboa.
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