“Hemos venido luchando durante dos años de esta militarización”, declaró a Prensa Latina Estefanía Garzón, vocera de la Alianza de Familiares de Personas Privadas de la Libertad, que acudió al Legislativo para relatar los horrores en los penales y pedir la fiscalización.

En la conversación con esta agencia, la joven contó que la presencia de uniformados en las penitenciarías, a partir del decreto de conflicto armado interno del presidente Daniel Noboa en enero de 2024, “solamente nos ha demostrado que es cruel con los privados de libertad” y también con sus familias.

Garzón explicó que la Alianza nació “del dolor de los familiares, de no tener respuestas de este estado indolente” y denunció aislamiento, falta de alimentos y muertes en prisión.

“No tienen por qué morir a golpes, a tortura o morir de inanición, que es lo que estamos viviendo hoy en día”, subrayó.

Según la vocera, hubo una etapa en que el Gobierno no proveyó comida a los internos y fueron los familiares quienes sostuvieron la alimentación de sus seres queridos.

“Somos un grupo de mujeres trabajadoras, de madres de familia, personas de la tercera edad”, dijo, y remarcó que los reclusos “no son desechos humanos, son personas”.

La representante denunció además presuntas desapariciones, entierros sin información a las familias y certificados de “muerte natural” que no se corresponderían con las condiciones observadas.

“El Estado los está dejando morir”, señaló al mencionar tuberculosis, deshidratación y falta de agua en los centros carcelarios.

“No estamos pidiendo que los dejen salir, estamos pidiendo solamente que cumplan con la ley”, afirmó, e hizo un llamado a las familias a organizarse para evitar la impunidad.

En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno, medida con la que se militarizaron calles y cárceles del país, se amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios y se restringieron derechos bajo el argumento de enfrentar a grupos criminales.

Ecuador arrastra una profunda crisis carcelaria marcada por masacres, motines y miles de muertes en los últimos años, con denuncias persistentes de hacinamiento, falta de servicios básicos y control de bandas en las prisiones, una situación que organizaciones de derechos humanos consideran no resuelta pese a la militarización.

De acuerdo con Garzón, van 800 muertos aproximadamente en las prisiones y no por los motines, sino por la situación de salud e inanición que enfrentan los privados de libertad.

Al menos 30 presos murieron en una cárcel del sur ecuatoriano el pasado 9 de noviembre por presunta asfixia y apenas un mes después, en la misma prisión, se registraron 13 muertes luego de la explosión de un artefacto en los exteriores del centro sin conocer la conexión con los fallecimientos.

A esto se suman una serie de muertes por tuberculosis, especialmente en la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, y los traslados a la Cárcel del Encuentro, la nueva prisión de máxima seguridad que no está terminada y no ha sido visitada por organizaciones de derechos humanos, ni prensa, ni activistas.

Las prisiones de Ecuador alojan entre 31 mil y 37 mil presos, con una sobrepoblación del 38 por ciento, según un reporte del servicio penitenciario.

npg/avr