“La lucha contra la corrupción le corresponde al gobierno de México, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, en caso de la denuncia de algún acto de corrupción”, dijo la mandataria en respuesta a una pregunta sobre una publicación del diario estadounidense Los Angeles Times.
Según el rotativo, unas recientes palabras del embajador de Washington en esta capital, Ronald Johnson, se relacionan con una campaña del país norteño contra funcionarios supuestamente corruptos en México.
La jefa del Ejecutivo apuntó este lunes que concierne a Estados Unidos el combate a ese flagelo con respecto a funcionarios del vecino territorio norteño, pues la problemática no resulta exclusiva de esta nación latinoamericana.
“El tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada Estado. Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía a algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras”, enfatizó.
La mandataria recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 en Estados Unidos por la Administración para el Control de Drogas, y liberado posteriormente debido a la inexistencia de pruebas sobre algún acto ilegal.
Agregó que cualquier investigación en el vecino del Norte contra una persona en México “tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República”.
“No vamos a cubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito, pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían en esos casos”, aseveró la gobernante, quien añadió que también en aquel país deben revisar situaciones.
En ese sentido, aludió Sheinbaum al caso de dos empresarios con doble nacionalidad señalados por su relación con el contrabando de combustibles en esta nación latinoamericana y las peticiones de México para que se detengan.
“Nosotros también pedimos allá que se entregue a México empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Entonces, ellos tienen que –de acuerdo con la investigación de la fiscalía-, detener a estas personas. No porque sean ciudadanos estadounidenses no tienen la obligación de investigar”, declaró.
La publicación del medio ocurre tras destaparse el caso de dos agentes estadounidenses que participaron en el desmantelamiento de un laboratorio en el norteño estado de Chihuahua, sin conocimiento del gobierno federal, lo cual se supo tras un accidente en el cual fallecieron.
De acuerdo con las autoridades, que pidieron explicaciones tanto a la Embajada norteamericana como a la administración de Chihuahua, “la legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional”.
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