El secretario adjunto del bloque que agrupa a más de 70 organizaciones humanitarias, Miguel Jugo, señaló al Ministerio del Interior como origen de las medidas contra el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Gerónimo López, y el dirigente de la Asamblea Nacional de los Pueblos.
También, dijo, son objeto de una política de criminalización de la protesta el dirigente de la Coordinadora Unitaria de Lucha, Germán Altamirano, y la dirigente del Sindicato de la empresa de agua potable de Lima, Luisa Izaguirre, entre otros.
Precisó que el citado organismo denunció a los líderes sociales ante el Ministerio Público, que citó a los dirigentes para que hagan sus descargos sobre su participación en las movilizaciones.
Jugo indicó que López e Izárraga fueron citados por la Fiscalía por participar en marchas sindicales y Pizarro y Altamirano por la movilización de protesta del 5 de abril último, por el 32 aniversario del autogolpe de Estado del entonces gobernante Alberto Fujimori y en defensa de la democracia.
Afirmó que la intención de la Fiscalía ha sido incluirlos en la investigación por acciones legales de la sociedad civil y los dirigentes ya presentaron sus descargos, pero les han advertido que volverán a convocarlos, lo cual, dijo, evidencia que “no se trata de una investigación, sino de una persecución”.
La Plataforma por la Democracia, coordinadora de fuerzas progresistas, denunció lo que calificó como acciones que pueden considerarse de “amedrentamiento a dirigentes sociales y políticos”.
Agregó que se trata de “un paso más en la implementación de la estrategia de criminalizar la protesta social” por parte de lo que llamó “el régimen de cogobierno de la coalición mafiosa y autoritaria”.
“La coalición de derechas entre el Parlamento y el Ejecutivo pretenden acallar las voces de rechazo de las y los ciudadanos a la política represiva, la corrupción de autoridades, funcionarios públicos y líderes políticos y al avasallamiento de las instituciones claves de la democracia para controlarlas”.
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