Según la información difundida, desde que se hizo pública una supuesta operación de interceptaciones, se solicitó una pesquisa a control interno y a control interno disciplinario de la entidad para determinar circunstancias irregulares en los procesos de las oficinas de Secretaría de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia.
Apuntó además que se estableció contacto formal con las autoridades competentes para ponerse a disposición en el marco de la investigación en curso.
Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas, señaló la nota.
Añadió que el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia.
Sobre el caso, el pasado sábado la Fiscalía General de Colombia informó que realizará una investigación tras una denuncia de la Corte Constitucional acerca de presuntas escuchas ilegales al despacho de uno de sus magistrados.
De acuerdo con un comunicado emitido por esa institución, la fiscal Luz Adriana Camargo ordenó realizar las averiguaciones que involucra presuntos perfilamientos, espionaje e interceptaciones ilegales dirigidas al personal del alto tribunal.
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