La decisión tuvo lugar luego de un año del llamamiento a juicio penal contra la compañía japonesa Furukawa Plantaciones C.A y cinco de sus funcionarios.
La empresa de capital japonés Furukawa se estableció en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas en 1963 y se dedica al cultivo y procesamiento de abacá, planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, utilizadas en la fabricación de papel.
Una investigación periodística de 2019 dio cuenta de la sistemática vulneración de derechos de quienes vivían y trabajaban en las plantaciones de esa firma.
Condiciones de trabajo inhumanas, falta de agua potable, luz y saneamiento, jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social, hacinamiento, trabajo infantil, entre otros fueron los abusos cometidos contra el centenar de trabajadores de Furukawa.
En un proceso legal anterior, la Corte Provincial de Santo Domingo eximió de responsabilidad al estado ecuatoriano, pese a que los Ministerios de Trabajo y Salud tuvieron conocimiento de ese caso de esclavitud moderna y no emprendieron acciones, según denunciaron los afectados.
En marzo del pasado año, las víctimas del más reciente caso de esclavitud en Ecuador exigieron justicia y reparación por los daños que les causó la empresa Furukawa.
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