El pasado lunes, moradores de la comunidad de Palo Quemado y las Pampas en la provincia ecuatoriana de Cotopaxi denunciaron la presencia de militares allí para amedrentan a la población antiminera.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) demandó en su red social X que más de 500 militares se agruparon en esa localidad generando un clima de tensión y preocupación en la región.
Por su parte, el Frente Nacional Antiminero advirtió que la presencia de los paramilitares responde al inicio de las operaciones mineras de la transnacional canadiense Atico Mining y denunció el uso de material bélico real por parte de las fuerzas del orden.
En medio de ese contexto, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, marcharon este jueves en Palo Quemado con carteles y consignas en oposición a la actividad extractiva, en particular contra la explotación de la zona por parte de la empresa canadiense Atico Mining a la cual quieren concesionar el área. Los manifestantes pidieron el cese inmediato de la represión de policías y militares, que han dejado allí varios heridos.
Paralelo a esa situación, organizaciones sociales, movimientos ecologistas, analistas y comunidades indígenas rechazaron la sentencia contra seis defensores de la naturaleza en la localidad de Las Naves, en la provincia ecuatoriana de Bolívar.
Los seis campesinos fueron sentenciados a tres años de prisión y a pagar diez salarios unificados de multa por una supuesta asociación ilícita por la empresa minera Curimining.
Por su parte, el colectivo Acción Ecológica advirtió que desde 2006 la minera Curimining realiza actividades de inspección en esos territorios y durante ese tiempo han existido múltiples conflictos entre la empresa y las comunidades locales debido a la falta de consultas ambientales.
Los miembros de esas comunidades culpan al gobierno del presidente Daniel Noboa y al Ministerio de Energía y Minas, por incumplir obligaciones legales y constitucionales sobre el derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para avanzar con el extractivismo minero.
A propósito, esta semana también fue noticia la supuesta actitud irrespetuosa de Noboa durante su visita a España en enero pasado. La Cancillería ecuatoriana negó las acusaciones del medio de comunicación español El Debate que relató una presunta fiesta y el uso indebido de la escolta policial durante la visita del mandatario. En el reportaje de El Debate, se asegura que Noboa pedía que lo llevaran de ‘farra’ (fiesta), cuando salía de un restaurante, donde acababa de cenar.
Entretanto, la jueza María Fernanda Castro aceptó el pedido de la Fiscalía General y dictó prisión preventiva contra Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad.
Según refiere el fiscal Anticorrupción, Carlos Alarcón, Barreiro pidió diezmos a una persona por trabajar como coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia de la República desde que su madre asumió ese cargo.
El pasado 8 de diciembre, la vicepresidenta Abad viajó a Israel para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Tel Aviv y colaboradora para la paz, según la orden del presidente Noboa.
Antes, la funcionaria había cuestionado su nombramiento y manifestó que el mandatario simplemente la quería lejos del país, un distanciamiento que comenzó prácticamente desde que ambos se inscribieron como binomio presidencial de cara a las elecciones extraordinarias celebradas en dos turnos el 20 de agosto y el 15 de octubre de 2023.
Todos estos sucesos se desarrollan mientras el país se prepara para llevar a cabo una consulta popular, el próximo 21 de abril, un proceso electoral en el que los ecuatorianos deberán responder a interrogantes que conllevarían modificaciones a la Carta Magna.
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