La magistrada también le impuso 63 meses en probatoria y otros 160 meses de trabajo comunitario, luego de que el 23 de marzo de 2023 un jurado federal lo declarara culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico de conspiración, soborno y extorsión.
En el juicio contra Pérez-Otero, de 53 años, trascendió que estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que, desde finales de 2019 hasta mayo de 2021, aceptó de forma regular miles de dólares en efectivo de Oscar Santamaría, propietario de una compañía constructora.
El empresario, quien colaboró con la fiscalía federal para destapar el esquema de corrupción, al igual que el alcalde de Cataño, Félix Delgado, se declaró culpable para evitar ir a juicio, por lo que ambos aguardan por su sentencia.
Pérez-Otero se negó en cinco oportunidades a aceptar ofertas de colaboración con la fiscalía federal, mediante la delación de otros políticos involucrados, según trascendió en su momento.
A cambio de los pagos, el otrora expresidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que aglutina a los ejecutivos municipales afiliados al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), acordó obtener y conservar contratos gubernamentales para la empresa y se aseguró de que las facturas se pagaran puntualmente.
La defensa de Pérez-Otero consideró excesiva la condena, pero la jueza federal estableció que tomó en cuenta su formación universitaria, su edad y la confianza que depositó el pueblo por 25 años, al elegirlo diputado y alcalde.
Dictada la sentencia, la defensa pidió que se le permitiera a Pérez-Otero entregarse de manera voluntaria, a lo que la jueza accedió, explicando que no se le acusó de crímenes violentos ni era una amenaza para la sociedad, y había cumplido con las exigencias mientras estaba libre bajo fianza.
Delgado también acogió la petición de la defensa, que anticipó recurrirá la sentencia, de que se le permitiera cumplir su condena en Pensacola (Florida), aunque la determinación estaría sujeta a la disponibilidad que tuviera el Negociado Federal de Prisiones de Estados Unidos.
La jueza federal, en un proceder poco usual en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Puerto Rico, realizó una extensa reflexión y destacó los 19 casos de corrupción que han llevado a prisión en los últimos años seis años a alcaldes y legisladores.
“Los sobornos se siguen ofreciendo y se siguen aceptando”, por lo que “hay que acabar con esa corrupción” pues la gente de Puerto Rico “necesita creer otra vez”.
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