El avión fue secuestrado en Argentina desde el 2022 y es propiedad de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, indicó un comunicado.
Los Estados miembro del ALBA-TCP manifestaron que esas medidas “violan flagrantemente” el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y otros acuerdos vigentes relacionados con el Derecho Internacional.
El bloque de integración latinoamericano y caribeño se sumó nuevamente a la exigencia del pueblo y Gobierno de la República Bolivariana y respaldó las “acciones legales, diplomáticas y políticas” que las instituciones venezolanas emprendieron para evitar la apropiación ilegal de sus activos.
Esta agresión, afirmó, es otra de las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que atentan contra la soberanía de Venezuela y violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.
El ALBA-TCP lamentó que el Gobierno de Argentina se preste para este tipo de prácticas, que “transgreden la soberanía y el principio de no injerencia”, y hace un nuevo llamado a la comunidad internacional para denunciar estos hechos.
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