El diferendo gira en torno a la controvertida decisión congresal de inhabilitar, el 7 de marzo, por 10 años para el ejercicio de cargos en el Estado, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez.
Ambos fueron sancionados y cesados por interpretar el pleno de la junta que Tello podía seguir en funciones hasta cumplir los cinco años de su mandato, fijado por la constitución, pese a haber cumplido 75 años, edad límite también prevista en la carta magna.
El dictamen de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima congela la decisión del Parlamento y dispone que Tello y Vásquez retomen sus cargos en la JNE, al menos hasta que se resuelva el fondo de su reclamo.
Ante la sorpresiva decisión, el Congreso de la República rechazó la suspensión provisional de la inhabilitación que considera plenamente legales.
La declaración invoca el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que, meses atrás, ante un diferendo similar, dictaminó que el Poder Judicial no puede interferir en las decisiones exclusivas y excluyentes del Parlamento.
Sin embargo, aquella resolución del TC dice también que si esas decisiones afectan derechos fundamentales, sí podrán ser controladas por los jueces.
El dictamen de la Corte Suprema señala que, al haber sido los magistrados inhabilitados por interpretar la aplicación de la norma de edad límite y no por causas que deben ser explícitas, la decisión del Congreso afecta el principio de legalidad.
Coincide así parcialmente con el alegato de defensa de los Tello y Vásquez y también con su argumento de que la sanción carece de criterio de proporcionalidad.
La jurista Beatriz Ramírez dijo que ello se confirma con el hecho de que el Congreso no inhabilita a varios de sus miembros sancionados por obligar a funcionarios de sus despachos a entregarles parte de su sueldo, pero si a los jueces de la JNJ.
Ramírez agregó que el caso tiene una motivación ajena a lo jurídico y legal y es el interés de grupos políticos que tienen interés en controlar la junta que elige y destituye a jueces y fiscales, lo cual es importantes para legisladores y políticos que tienen investigaciones o juicios por delitos de corrupción y otros.
Todo indica que los jueces volverán a sus escaños, pues una acción de amparo solo podrá revertirse mediante una apelación y es apelable hasta en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Juristas consultados estiman que el litigio puede prolongarse por un año o más, tiempo que está por encima de los ocho meses que les quedan de mandato a los miembros de la JNJ.
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