El Comité de Víctimas, acompañado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inredh, presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de audiencia para revisar el cumplimiento de la sentencia, dictada en 2023.
Desde el pasado 7 de marzo abrió las puertas del Museo, sin embargo, los afectados no se encuentran satisfechos con el resultado, pues consideran que se ignoraron varios requerimientos mencionados en el dictamen judicial y no hubo participación de las víctimas en el proceso, señaló Inredh.
Una de las peticiones ignoradas fue que el centro de recordación debía estar en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) Manuela Sáenz N°2, espacio identificado como sitio de vulneración de derechos humanos.
El 15 de febrero de 2023, la Corte Constitucional falló contra del Ministerio de Cultura por incumplir con la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
En dicha sentencia se estableció un año para cumplir con la creación física del Museo de la Memoria, pues desde mediados de 2022 ya existía de manera virtual, aunque solamente incluyó cinco casos de vulneraciones.
Algunos ecuatorianos en redes sociales se pronunciaron sobre el Museo recién abierto, que consideraron una mera exposición y no un lugar para que nunca más vuelvan a suceder crímenes, torturas, desapariciones o atentados contra derechos civiles.
En la sala aparecen carteles y fotografías del Plan Cóndor, videos, una pared con 400 nombres de desaparecidos y torturados, mientras que un archivo digital y pantallas permiten indagar sobre los casos más significativos en multimedia.
A pesar de los cuestionamientos, la actual administración del Ministerio de Cultura asegura que en tres meses implementó el Museobasados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, titulado Sin verdad no hay justicia.
Ese reporte identificó a 269 víctimas de privación ilegal de la libertad, 365 de torturas, 86 de violencia sexual, 17 de desapariciones forzadas, 68 de ejecución extrajudicial y 26 de atentado contra la vida.
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