lunes 15 de abril de 2024
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Pospuesta audiencia sobre proyecto minero en comunidad de Ecuador

Quito, 2 abr (Prensa Latina) La audiencia judicial para decidir la continuidad de un proyecto minero en la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, quedó suspendida hoy en medio de manifestaciones en rechazo a esa iniciativa extractivista.

Representantes de las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, que serían afectados por la instalación del proyecto, se movilizaron este martes para exigir justicia y la anulación definitiva de la consulta ambiental que el Gobierno pretende imponer para avanzar con la extracción minera.

Como la audiencia no se instaló, se mantiene suspendido dicho proceso consultivo y por tanto la empresacanadiense Atico Mining no puede realizar ningún trabajo en la zona.

En Quito, también hubo hoy un plantón frente al Ministerio de Energía y Minas, donde -a pesar de la lluvia- se pronunciaron contra la minería y sus efectos sobre el medio ambiente, así como en rechazo a la represión sufrida en Palo Quemado la semana pasada como consecuencia de la acción de policías y militares.

La Alianza por los Derechos Humanos pidió al Gobierno del presidente Daniel Noboa investigar el uso desproporcionado de la fuerza en esa comunidad.

En una carta a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, el colectivo señaló que en Palo Quemado fueron víctimas de abusos de la fuerza pública mientras se encontraban en resistencia contra la imposición de procesos administrativos inconstitucionales para favorecer intereses corporativos.

La Alianza cuestionó cómo desde el Ejecutivo consideran «terroristas» a campesinos e indígenas que defienden la tierra, calificación con implicaciones respecto del uso inadecuado de recursos y servidores públicos quienes deberían cumplir otras obligaciones prioritarias en vez de estar al “servicio de intereses corporativos privados”.

El Frente Nacional Antiminero informó que los uniformados se retiraron el pasado sábado de Palo Quemado tras varias jornadas de represión y cuatro días después de la orden judicial.

La militarización de esa comunidad respondía a la orden del gobierno Noboa de imponer una consulta ambiental del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, requisito indispensable para establecer el proyecto minero La Plata, a cargo de Atico Mining.

jha/avr

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