En una sesión este miércoles, los miembros del organismo electoral aprobaron de forma unánime un informe emitido por las áreas jurídicas del CNE que señala que el pedido de revocatoria habría incumplido varios requisitos.

Según el documento, los proponentes no pudieron demostrar que el mandatario haya incumplido con el plan de trabajo plurianual presentado, principal argumento para solicitar el inicio del proceso que permitiría adelantar la salida del poder del gobernante y su vicepresidenta, María José Pinto.

El consejero Enrique Pita señaló que la simple enumeración de normas y decretos no es suficiente para probar un incumplimiento de funciones y dijo que es necesario individualizar cada acusación con razones precisas.

Este proceso de revocatoria estaba impulsado por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza Salazar y el activista Jorge Cáceres. Ellos serán notificados formalmente de la negativa y el archivo del pedido, decisión que podrá ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En su cuenta de X, Andrade cuestionó el rechazo a la solicitud para recoger las firmas y señaló que ante este atentado a la democracia, interpondremos los recursos previstos en la ley y la Constitución.

“Sin-vergüenzas ni ruborizarse los/as consejeros/as del CNE vulneran derechos de participación y principios democráticos”, afirmó el jurista, que compartió una imagen de los miembros del ente electoral vestidos de morado, color que identifica al partido del Gobierno.

La solicitud de Revoca EC había sido presentada el 9 de junio pasado con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales e indígenas que buscaban activar el mecanismo constitucional de la revocatoria como expresión del rechazo a la gestión gubernamental.

El CNE tiene pediente analizar otro pedido de revocatoria de mandato contra Noboa y Pinto que fue presentado por la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias, con el respaldo de otras organizaciones sindicales y sociales.

Previamente, el Gobierno afirmó que las solicitudes carecen de fundamento jurídico y solicitó al organismo electoral archivarlas, al considerar que sus promotores buscan utilizar ese mecanismo constitucional para desestabilizar.

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