Hurtado y Espada beneficiaron con la posesión de más de 33 mil hectáreas de tierra en disputa desde la década de 1990 al exministro del gobierno de facto (2019-2020) Branko Marinkovic.

“(…) Hemos analizado ambas sentencias y realmente es una aberración jurídica lo que han hecho estos señores, vamos a evaluar la posibilidad de iniciarles un proceso por prevaricato”, aseguró en conferencia de prensa el viceministro de Tierras, Ramiro Guerreo.

Junto a Guerreo, comparecieron ante los periodistas el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, quienes coincidieron en el rechazo al fallo.

El veredicto emitido el 28 de diciembre de 2023 anula otra resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, que negó a la familia Marinkovic el derecho sobre esos terrenos.

De esa forma, la sentencia de Hurtado y Espada consolida el derecho propietario sobre más de 33 mil hectáreas en la Laguna Corazón, ubicada en la reserva forestal de Guarayos, y en Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania.

Consideró Guerrero que los magistrados incluso fallaron más allá de lo solicitado, actuaron de “manera dolosa” y “fuera del ordenamiento legal vigente”, con lo cual vulneraron la Constitución, que fija un límite de cinco mil hectáreas de tierra como propiedad, además de contradecir sentencias anteriores sobre el mismo caso.

“Estas sentencias van en contra de otras sentencias, estos magistrados del Tribunal no respetaron ni sus propias sentencias, ni la jurisprudencia que emitieron ellos mismos, se van a reconocer derechos más allá de lo que solicitan los accionantes. (…)”, comentó.

Denunció también irregularidades en el proceso porque el Viceministerio no fue notificado por lo que denominó el tablero, como alegaron desde el TCP.

Tras conocer la sentencia, el Viceministerio solicitó a la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que realice complementaciones, enmiendas y aclaraciones sobre los alcances de su sentencia.

El ministro Mamani, por su parte, denominó “verdugos” a los dos magistrados del TCP, y aseguró que el Gobierno hará respetar los derechos de los bolivianos sobre estas tierras, pues según su opinión estos actos de prevaricato tienen que ser castigados.

En 2020, aprovechando su cargo de ministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez, Marinkovic obtuvo del INRA una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que otorgó a su familia la propiedad sobre esos territorios.

mem/jpm