Durante la rendición de cuentas de la entidad, el defensor nacional, Carlos Mora, criticó el uso excesivo de esa medida cautelar, sobre todo porque no existen políticas de reparación efectiva para quienes resultan afectados.
En el país cuando se presentan cargos contra un sospechoso, proceso aquí denominado formalización, el juez tiene la facultad de enviar a la cárcel al imputado mientras se realizan las investigaciones si, a su criterio, resulta un peligro para la sociedad.
Sin embargo, desde que se realizó esa reforma procesal penal en 2005, más de 40 mil imputados fueron a prisión sin ser culpables, señaló Mora.
En este sentido, destacó las gestiones del Ministerio de Justicia para firmar un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial y brindar apoyo a quienes forman parte del Proyecto Inocentes en los litigios de compensación de daños y perjuicios.
Gracias a eso, afirmó Mora, por primera vez el Estado asumirá directamente la tarea de resarcir y velar por el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia, así como de contar con una defensa de calidad en cada caso.
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