Por Fausto Triana
Luego de mantener en vilo a España durante cinco días, Sánchez, anunció este lunes que continuará en el cargo, aunque pidió una movilización ciudadana.
He decidido seguir, con más fuerza si cabe, declaró desde el Palacio de la Moncloa en una intervención de nueve minutos, en los que subrayó que España tiene que dar un paso adelante y frenar las campañas de descrédito, bulos y lodazal que domina la política actualmente.
No se hicieron esperar las declaraciones punzantes del conservador Partido Popular (PP), de su líder Alberto Núñez Feijóo, y de la controversial Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tampoco, por supuesto, del ultraderechista Vox, por intermedio de su máximo dirigente Santiago Abascal.
Empero, apegado a la filosofía del libro de su autoría, Manual de Resistencia, Sánchez comenzó a mover sus hilos y encontró, además del razonable espaldarazo de las filas del Partido Socialista (PSOE), el movimiento Sumar y otros allegados de izquierdas, de numerosos intelectuales.
-¿PUNTO DE INFLEXION?
Aunque algunos analistas se concentran en desentrañar las claves de lo ocurrido y si es, efectivamente, un punto de inflexión en la política española, tal vez el mejor enfoque apunta al comienzo de una dura batalla sin pronóstico de final.
La polarización política en el país ibérico llegó en el último año a su momento más neurálgico, especialmente desde que en las elecciones generales de julio pasado para sorpresa de todos, no ganara el PP y abriera las puertas a la continuidad de Sánchez.
Sin embargo, del bando del progresismo se constató una reacción eufórica y vertical en el alineamiento con el socialista Sánchez y el Gobierno de coalición que encabeza, junto con aliados de izquierda y socios dentro del Congreso de Diputados.
Ayer una encuesta promovida por el conservador diario La Razón, amplificada insistentemente por la cadena de televisión Antena 3, decía que más del 50 por ciento de los españoles (y no los consultados que sería más preciso), querían la renuncia de Sánchez.
Este lunes, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundió su propio sondeo con la población, según el cual el PSOE sacaría cerca de 10 puntos al PP en un estimado de votos (38,6 por ciento por 29,2), en virtud de la decisión de Sánchez de mantenerse al frente de la Moncloa.
Un criterio interesante a poco más de un mes de los comicios europeos del 9 de junio y cercano a la consulta con las urnas de la estratégica y complicada región de Cataluña del 12 de mayo.
«Mostraremos al mundo cómo se defiende a la democracia; pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo sereno y democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España», sentenció Sánchez en sus palabras.
Sin embargo, además del respaldo de sus seguidores y socios de investidura en el Congreso de Diputados, también hubo comentarios de escepticismo, temores y muchas preguntas de lo que hará hacia el futuro.
El pasado miércoles, Sánchez se dirigió a la ciudadanía a través de sus redes sociales para admitir que le había dolido profundamente los ataques contra su familia y especialmente a su esposa, Begoña Gómez por parte de la derecha y la ultraderecha.
En cualquier caso, se avecinan semanas y meses enrevesados para España ante una serie de frentes abiertos.
Están los cinco años sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial, por la negativa del PP; los expedientes por corrupción abiertos contra Koldo García, un cercano colaborador del exministro socialista José Luis Abalos, relacionado con desvíos de fondos en la compra de mascarillas sanitarias.
Similar asunto está en un proceso contra Alberto González Amador, confeso de haber defraudado a Hacienda en la adquisición de mascarillas. Se trata de la pareja de Díaz Ayuso, quien en su momento aceptó ocho meses de cárcel y devolver más de medio millón de euros.
Y si faltaban cosas, el camino pedregoso que asume el Gobierno con toda la oposición en contra, en la implementación a corto plazo de una ley de amnistía que borraría delitos del pasado a numerosos independentistas de Cataluña.
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