Actualmente, la principal ley del flagelo es la número 9.279, de mayo de 1996, que, según el gabinete del presidente del colegio, diputado Julio Lopes, «ya está desfasada y no corresponde más a la realidad actual».
En declaraciones al portal R7, esa oficina precisó que la condición obsoleta causa impacto en la innovación y el desarrollo.
Resulta necesario revisar este marco legal, que es parte de una de las metas del FPI este año, «trabajar para un nuevo marco legal», indicó el gabinete en un comunicado.
Datos del Foro Nacional contra la Piratería e Ilegalidad (FNCP), que cubren 14 sectores de la industria, estiman que, en 2023, Brasil tuvo pérdidas en el orden de 441,28 mil millones de reales (88,25 mil millones de dólares) con el mercado ilegal y las falsificaciones.
Cuantía que, según la entidad, equivale a cerca del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto brasileño.
«Tal cantidad implica perjuicios directos al sector privado debido al valor de mercancías negociadas ilegalmente y de tributos no recaudados por el Gobierno», afirma el FNCP.
Otro aspecto a ser tratado es la falta de recursos destinados al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) para que pueda analizar registros de patentes y marcas con más agilidad.
«Datos de 2022 apuntan que el INPI ha llevado, en promedio, más de seis años para el análisis de las patentes, lo que impacta directamente en las inversiones e innovación», refiere el gabinete de Lopes.
También la junta legislativa tiene apoyo del INPI y de la Asociación de la Industria Farmacéutica de Investigación.
«Realiza reuniones y eventos entre el sector público, privado y la sociedad civil organizada para trabajar en propuestas legislativas y llamar la atención del público sobre la importancia de la defensa de la propiedad intelectual para el desarrollo del país», recalca la oficina del congresista.
La práctica de copiar, reproducir, distribuir o comercializar diversos tipos de productos y servicios ilegalmente impacta a varios sectores en el gigante sudamericano.
En particular, la era digital y los entornos en línea favorecen la falsificación en el mercado audiovisual.
De acuerdo con la legislación vigente en el país, la piratería es un delito y la pena puede llegar a cuatro años de reclusión y multa.
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