Según dijo al diario La Prensa Betsaria Richards, para los de libre postulación, ahora con presencia mayoritaria en el pleno, será un desafío darle continuidad a una propuesta del exlegislador Juan Diego Vázquez, líder de la coalición Vamos, que establecía descuento de salario a los diputados cuando faltaban a las sesiones.
La iniciativa también obligaba a los diputados presentar una declaración jurada de bienes patrimoniales y a hacer público el personal adscrito a sus despachos, entre otras exigencias, pero fue dilatado su debate por el gobernante Partido Revolucionario Democrático(PRD), ahora en minoría.
Otro de los desafíos del Legislativo será la elección del nuevo contralor que remplazará a Gerardo Solís, cuyo mandato concluye en diciembre próximo.
La gestión de Solís ha estado marcada por su indiferencia a la transparencia, la nula fiscalización de los fondos públicos, los constantes aplausos al gobierno de Laurentino Cortizo y los constantes guiños a su partido el PRD, según reiteradas denuncias.
También la aprobación de una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos será tema en la agenda, consideran diputados independientes, que recuerdan que desde abril de 2021, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, presentó la iniciativa, pero dos años después quedó archivada en un rejuego de intereses y choque de poderes a lo interno del Legislativo.
Además se espera que en la Asamblea se debata y avale una nueva normativa sobre los auxilios económicos para becas, que hoy manipula el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu),
Entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, la entidad repartió auxiliares a dos mil 144 personas, lo que representó un gasto total de 141,6 millones de dólares.
Buena parte de ellos quedaron en manos de hijos de ministros, familiares de diputados del PRD, o de allegados a empresarios que tienen nexos con el poder.
De otra parte, hay dos mil 759 desembolsos adicionales que la Contraloría General aún no investiga.
La actual Asamblea engavetó dos proyectos de ley que precisamente buscaban modificar el proceso de entrega de las becas y los auxilios económicos, además de despolitizar el acceso a becas de estudio y auxilios económicos.
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