La idea, impulsada por parlamentarios de derecha y extrema derecha y aprobada por una comisión de la Cámara de Diputados, beneficiaría a reos con 75 años o más, la mayoría de los cuales están acusados por asesinatos, torturas y desapariciones.

En una carta entregada en la sede del Ejecutivo y dirigida al presidente Gabriel Boric, los manifestantes instan al mandatario a no dar pie, ni cabida a este tipo de artimañas.

“Estamos acá con el objetivo de exigir a las autoridades hacerse responsables frente a la moción que hoy día intenta impulsar la comisión de seguridad de la cámara para liberar a criminales”, dijo a Prensa Latina la presidenta de la corporación Vida y Memoria, Ninoska Henríquez Araya.

La activista es nieta de Bernardo Araya, exparlamentario detenido desaparecido junto a su esposa, María Olga Flores, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

También su hermano fue ejecutado por el régimen durante la llamada Operación Albania o Matanza de Corpus Christi, una masacre perpetrada en 1987 que costó la vida a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

“Necesitamos la colaboración y la solidaridad a nivel internacional para que los responsables de delitos de lesa humanidad no queden libres”, dijo.

En la protesta participaron representantes de los sitios de memoria Tres y cuatro álamos, Villa Grimaldi, el Campamento de Prisioneros de Chacabuco, de las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, entre otros.

Interrogada sobre si considera que hay avances en la búsqueda de la verdad y la justicia, declaró que se han hecho esfuerzos, pero muchos familiares fallecieron sin conocer donde están sus abuelos, padres, madres y niños desaparecidos.

“No puedo dejar de mencionar que aquí también hay víctimas mapuche que nuestra corporación Vida y Memoria no olvida”, recordó.

En la misiva al mandatario, los manifestantes exigen que las autoridades del Congreso y los políticos en general se hagan cargo de no permitir la impunidad para los represores.

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