“Ha dejado sin efecto las observaciones a la acusación, en ese entendido le ha conminado al Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que, en el término de 24 horas, continúe con el juicio oral y contradictorio”, aseguró el abogado Jorge Nina en entrevista concedida a Radio Éxito.
Esa determinación judicial se emitió en respuesta a una Acción de Libertad presentada por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima, del Ministerio de Justicia, después que el Tribunal Cuarto de Sentencia, también de El Alto, observó la acusación de la fiscalía.
Según esa observación, se debería “individualizar” las responsabilidades por los crímenes cometidos en Senkata el 19 de noviembre de 2019.
La expresidenta de facto (2019-2020) Jeanine Áñez y otras 17 exautoridades encumbradas tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, fueron acusadas por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves”, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano.
De «proceso sin precedentes» que procura memoria, verdad y justicia para las múltiples víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, calificó la fiscalía este juicio.
Ratificó, asimismo, su firme compromiso con la justicia, la celeridad, la transparencia, el principio de no repetición y el deseo de que no exista impunidad.
Dos días después de la renuncia forzada del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte).
Esa normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden democrático. En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 38 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Con fecha 19 de noviembre de 2019, en Senkata murió una decena de personas baleadas.
Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en esos acontecimientos ocurrieron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.
De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.
Entre los acusados están: Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López, Víctor Hugo Zamora, Luis Fernando Valverde, Sergio Carlos Orellana y Pablo Arturo Guerra, entre otros.
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