Las ordenanzas de demarcación de estos patrimonios fueron rubricadas en 2007 y 2008.
«Si un día me preguntan cuál es mi legado en la presidencia, diré «el tipo que más autorizó tierras indígenas en este país».
«Y eso es lo que vamos a hacer. Hay que acabar con la polémica innecesaria si la tierra es indígena, si no es indígena, si tienen derecho, si no tienen derecho», afirmó Lula.
Argumentó que en el momento que el Ministerio de Justicia «consigue homologar esa tierra, no tendremos ninguna preocupación en pelear para hacer valer nuestra Constitución».
La demarcación de tierras es un derecho garantizado a los nativos por el artículo 231 de la Constitución de 1988.
Tal proceso de reconocimiento es el medio administrativo que identifica los límites tradicionalmente ocupados por las etnias. En general, son nueve etapas que pueden involucrar, entre otros factores, a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y la presidencia de la República.
Cuando la transición de Gobierno, a finales de 2022, la entonces futura administración se comprometió a homologar 14 tierras originarias, que estaban en avanzado proceso de regularización.
Después de las signaturas de este miércoles, solo quedará una para cumplir la meta. La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, manifestó que desea concluir el proceso este año.
Guajajara y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, participaron en la firma al lado de Lula, quien elogió el trabajo de las carteras dirigidas por ellos.
«Tenemos dos años más de Gobierno y otros dos años que vamos a seguir trabajando para que podamos legalizar y entregar todas las tierras que tengamos bajo nuestra posibilidad”, señaló el mandatario.
Ponderó la labor de Lewandowski y su personal, de Joenia Wapichana, presidenta de la Funai, y de Guajajara «que trabajan con toda seriedad y, en el momento que llegue a mi mano, nosotros lo garantizaremos».
El derecho indígena a la tierra está en discusión en el Poder Judicial por medio del llamado marco temporal, tesis jurídica que, según la cual, los indígenas tienen derecho solo al terreno que estaba ocupado o disputado por ellos el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución.
La Corte Suprema declaró, en septiembre de 2023, la tesis inconstitucional. Sin embrago, en el Congreso Nacional, el proyecto fue aprobado por el Senado un día después de la decisión del tribunal superior.
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