Este viernes la Corte Constitucional ratificó la anulación de la sanción del Ministerio de Trabajo contra la vicepresidenta, Verónica Abad, a quien ya en diciembre una jueza le devolvió el cargo luego de una penalización administrativa de suspensión de 150 días sin sueldo.
Asimismo, la Corte anunció que priorizará el tratamiento a demandas contra recientes decretos del mandatario Daniel Noboa, quien busca la reelección en los comicios del 9 de febrero y para hacer campaña cedió el poder a Cynthia Gellibert, designada por él mismo como vicepresidenta encargada.
De hecho, en estos momentos es Gellibert, y no Abad, quien está al frente del Ejecutivo por segunda vez este mes, pues Noboa pidió licencia desde el jueves y hasta el domingo 19 de enero para participar en actividades proselitistas, incluido el debate presidencial.
A su vez, el Tribunal Contencioso Electoral admitió el pasado jueves la demanda interpuesta contra Noboa por Geovanni Atarihuana, director del movimiento político Unidad Popular, que acusó al mandatario de inducir el voto y de utilizar bienes o recursos públicos con fines electorales.
La denuncia sostiene que el gobernante cometió una infracción grave el 5 de enero, día en que inició la campaña electoral y desde el Palacio de Carondelet se repartían muñecos de cartón con la imagen del presidente-candidato, así como distintivos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Entretanto, los 16 candidatos presidenciales recorrieron provincias e intensificaron sus estrategias en redes sociales, aunque algunos prefirieron disminuir el ritmo para prepararse para el debate obligatorio y televisado que tendrá lugar mañana.
Aunque las encuestas sugieren que la pelea será entre Noboa, y Luisa González, de Revolución Ciudadana (RC); los otros contendientes apuestan a una sorpresa o una jugada maestra que les permita colarse en la disputa y par ello el debate es clave.
Quedan poco más de tres semanas para la cita en las urnas y es evidente la polarización entre esas dos figuras, ubicadas en diferentes extremos del espectro ideológico.
Sondeos compartidos en los últimos días no coinciden en cuál de los dos ocupa el primer lugar, algunas dan a la representante de la RC y otras al gobernante-candidato, pese a denuncias de diferentes instancias por presuntas infracciones electorales.
Casi 14 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 151 legisladores y cinco parlamentarios andinos, en los comicios de febrero.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la impresión de las papeletas avanza a más 80 por ciento y casi mil observadores electorales, nacionales y extranjeros, están inscritos para estar pendientes de todo el proceso.
Mientras, el Banco Central del Ecuador (BCE) informó que la economía ecuatoriana se contrajo 1,5 por ciento en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, el país entró en recesión luego de nueve meses de decrecimiento consecutivo.
A ese panorama se suman hechos de violencia, como el atentado contra una jueza en la provincia costera de Santa Elena y el asalto a una clínica en Quito, así como los actos para exigir justicia por el crimen contra los cuatro niños de Guayaquil desaparecidos y luego hallados muertos.
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