La Fiscalía acusó al conocido como Léo Índio por asociación criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y otros crímenes.

El extremista de derecha participó en los actos antidemocráticos que terminaron con ataques terroristas a las sedes capitalinas de los Tres Poderes en esa fecha.

La denuncia señala que «hay pruebas suficientes» de que Léo Índio participó en la ejecución de los episodios golpistas.

Durante las embestidas, notició imágenes en una red social encima del Congreso Nacional y cerca de la Supremo Tribunal Federal (STF).

La demanda señala que Léo Índio intentó abolir el Estado de Derecho mediante la destrucción, inutilización y deterioro del patrimonio de la Unión, con acciones dirigidas a la sede del Congreso Nacional.

Hasta la fecha, el STF abrió, por la invasión y saqueo de las instituciones públicas, más de mil 500 acciones penales y condenó a 317 personas a penas que llegan a 17 años de cárcel.

Bolsonaro y otras 39 personas (miembros de su Gobierno (2019-2022) y empresarios) figuran entre los que pueden ser juzgados criminalmente en 2025 tras las investigaciones de la Policía Federal (PF).

La PF señala al exgobernante como presunto responsable de orquestar y dirigir los actos ejecutorios del fallido plan violento, que incluía intentos de asesinar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, al vice Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre De Moraes, de la STF.

La normativa brasileña establece que el político ultraderechista solo podría ser arrestado si el caso avanza y se presenta una denuncia formal que supere todas las instancias judiciales.

En junio de 2023, el Tribunal Superior Electoral inhabilitó a Bolsonaro para ejercer cargos públicos hasta 2030, tras determinar que intentó socavar la validez de las justas comiciales de 2022 y abusó de su poder al utilizar canales gubernamentales para promover su campaña.

En noviembre pasado, un día después del ataque con bomba frente al STF, el ministro Luís Roberto Barroso, presidente de la Corte Suprema, afirmó que las pesquisas estaban cerca de la conclusión.

«Resulta un buen momento para que podamos concluir esta investigación, que es compleja, con muchos testigos. Hablé recientemente con el ministro Alexandre de Moraes y con el director general de la PF, y creo que estamos cerca del final para que ese material sea entregado a la PGR», refirió Barroso.

Con la indagación policial en sus manos, la Fiscalía debe decidir, posiblemente en febrero, si presenta una denuncia contra Bolsonaro y todos los imputados, pide más diligencias o archiva el caso.

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