En un reporte publicado este martes, la OCHA señaló que del 3 al 9 de febrero se registró un aumento de personas enfermas en el área de salud de Buhimba, con 70 pacientes notificados cerca del campamento de desplazados de Bulengo.
“Al menos el 80 por ciento de los casos de cólera reportados en la provincia de Kivu Norte provienen de campamentos de desplazados. El desmantelamiento de muchos sitios complica la situación debido a la dispersión de las personas desplazadas y la suspensión de las actividades de vigilancia epidemiológica tras los recientes enfrentamientos”, alertó.
La agencia también señaló el riesgo que representan las dificultades con el abastecimiento de agua a la ciudad, debido a los problemas con la electricidad en Goma por la interrupción provocada por los enfrentamientos en Kivu Sur, que dañaron la línea de alta tensión que une Bukavu con Goma.
De acuerdo con el reporte, varios barrios siguen privados de acceso al agua potable, lo que obliga a las familias a abastecerse directamente del lago Kivu, aumentando así el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, incluido el cólera.
La falta de electricidad también ha afectado gravemente a las instalaciones sanitarias, impidiendo el funcionamiento de los equipos y servicios médicos esenciales en las estructuras servidas por la Compañía Nacional de Electricidad (SNEL), apuntó la OCHA.
La situación de seguridad en Goma es relativamente tranquila y se reiniciaron gradualmente las actividades socioeconómicas. El tráfico por carretera se reanudó en las carreteras Goma-Rutshuru y Goma-Sake-Minova, facilitando el abastecimiento de productos alimenticios a la ciudad.
A esto se suma que varias organizaciones y trabajadores humanitarios han reanudado sus actividades en la ciudad, pero las escuelas y universidades siguen cerradas.
Fuera de la ciudad y del resto de Kivu Norte la situación es diferente, con varios actos delictivos e incidentes de violencia selectiva perpetrados por hombres armados, refirió la OCHA.
El 5 de febrero, tres trabajadores humanitarios de la ONG HEKS/EPER, fueron asesinados por hombres armados en la aldea de Kabirangiriro, lo que motivó la condena del coordinador humanitario, Bruno Lemarquis, que llamó a una investigación y a respetar la vida de estas personas.
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