En un comunicado divulgado aquí la Organización No Gubernamental subrayó que con la invocación de la vetusta normativa fueron violados “abiertamente los principios fundamentales contenidos en Pactos, Acuerdos, Cartas y Convenios suscritos por las naciones y resguardados por el DIP”.

La AAJ consideró la imposición de esta ley “violatoria de los derechos humanos contra migrantes venezolanos por el gobierno de los Estados Unidos”.

Remarcó que «la aplicación de esta aberrante y anacrónica Ley, no es más que la expresión práctica del derecho penal del enemigo, principio nazifascista que justificó la persecución y exterminio de millones de personas durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI».

Con ello se pretende criminalizar, sin el debido proceso judicial y administrativo, a miles de venezolanos migrantes en dicho país, “sometiéndolos a actos vejatorios a su condición humana, para posteriormente comercializarlos y trasladarlos como mercancías no deseables a El Salvador, cuyo gobierno admite haber hecho un buen negocio con Estados Unidos”, indicó.

Afirmó que los venezolanos residiendo en la nación norteña, “son víctimas de una migración auspiciada por ese mismo país”, al imponer contra Venezuela, desde hace más de veinte años y afirmada desde el 2015 por el Decreto Ejecutivo del presidente (Barack) Obama.

Los Asociación apuntó que esa decisión declaró al hermano país como una «amenaza inusual y extraordinaria», que derivó en la implementación de múltiples e ilegales medidas paraarancelarias y más de 950 medidas coercitivas unilaterales, “con el único objetivo de conseguir el cambio violento del gobierno que democráticamente han elegido los venezolanos”.

Finalmente rechazó en forma contundente estas medidas que generaron terror e indignación en otras comunidades latinas en Estados Unidos, “por lo cual se está constituyendo un crimen de lesa humanidad”.

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