La máxima instancia de ese gremio, que encabeza Saúl Méndez, se reunió en el céntrico parque Urracá, de esta urbe, para condenar la llamada Ley 462, que estiman afecta a los obreros y sus familias porque privatiza y permite el robo de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS), única institución que atiende a jubilados.
Antes de marchar por principales arterias de esta capital, Méndez llamó a los obreros de la construcción a ser firmes en sus demandas ante el gobierno autoritarito y dictatorial de José Raúl Mulino y denunció arbitrariedades que comete la actual ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, en complicidad con los empresarios.
El también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, afirmó que luego de una semana de paro de labores, se ratifica la huelga en todos los proyectos del país, medida de presión que respaldan además otros sectores sociales como los docentes, enfermeras, médicos, estudiantes universitarios, farmacéuticos y pueblos indígenas.
Las protestas también condenan la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre en Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de noviembre de 2023, que catalogó inconstitucional el contrato suscrito por el Estado y ordenó el cierre de sus operaciones.
Las manifestaciones además llaman a defender la soberanía, debido a la postura genuflexa del Ejecutivo frente a pretensiones de Estados Unidos de apoderarse del Canal de Panamá y establecer bases militares, luego de la firma de un memorando que estiman vendepatria, con el pretexto de lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado.
Este tipo de movilizaciones, además rechazan la construcción de un reservorio de agua dulce, un embalse en rio Indio, para beneficiar los tránsitos por la vía interoceánica, pese al rechazo de las comunidades originarias de esa zona.
Méndez denunció en su arenga que la Cámara Panameña de la Construcción desconoce una Convención Colectiva para intentar doblegar a Suntracs, organización a la que le mantienen cerradas sus cuentas bancarias y con el apoyo de la Policía Nacional comienzan a detener a cientos de dirigentes y obreros, como parte de planes represivos.
En la semana, conoció Prensa Latina, se espera otras acciones de agrupaciones populares como una marcha de estudiantes universitarios, cadenas humanas, bloqueos de carreteras en Changuinola (Bocas del Toro), Chiriquí y en Pacora, en esta capital.
Las agrupaciones sociales exigen también la instalación de una mesa técnica con representación real de los trabajadores y profesionales de salud, para construir una verdadera reforma participativa y sostenible del sistema de pensiones y por una jubilación digna.
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