El actual director del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, quien es general de brigada del ejército estadounidense, no puede ocupar el nuevo cargo ya que hace apenas cuatro años que regresó a vivir al país, cuando la Constitución del Estado Libre Asociado establece al menos cinco años.

Garffer fue designado secretario de Estado por la mandataria boricua el pasado 8 de mayo, tras retirar el nombramiento de la secretaria de Justicia, Janet Parra, luego de varios traspiés, incluido negar que fuera su voz la de una grabación en la que decía que “yo también sé jugar por debajo de la mesa”, lo que indujo a la mandataria boricua a sugerir que podía ser “inteligencia artificial”.

Antes, la gobernadora González debió retirar el nombramiento de Veronica Ferraiuoli Hornedo como secretaria de Estado por irregularidades en sus planillas sobre ingreso.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó que hasta tanto se aclare su situación no atenderá la designación de Garffer, quien figura registrado como elector en el estado de Florida, además de tener residencia en Virginia, donde dirigía la Guardia Nacional.

Rivera Schatz, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), reveló que solicitó a la puertorriqueña Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que acredite el estatus electoral Garffer en la isla y que confirme si ha votado en alguna otra jurisdicción en Estados Unidos.

“El señor Garffer tiene credenciales extraordinarias y una trayectoria profesional y personal admirable, pero el cariño, la amistad, el respeto que pueda haber por una figura en el plano personal no sustituye el rigor con el que el Senado de Puerto Rico va a examinar los nombramientos”, dijo.

En tanto, el portavoz del opositor Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, reclamó el retiro de la nominación de Garffer como secretario de Estado, pues del expediente para su evaluación como jefe del DSP, surge que no sometió planillas sobre ingresos en la isla para 2019 y 2020.

Tampoco validó su residencia en Puerto Rico en la declaración que presentó ante Hacienda para el año 2021.

Hernández sostuvo que el Secretario de Estado “no puede ser nadie que venga de paracaídas, no puede ser nadie que venga de otro Estado a vivir a Puerto Rico hace cinco meses”, ya que de su expediente surge que por los pasados 10 años Garffer ha radicado en el estado de Florida.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, consideró “preocupante” la evaluación que se está haciendo sobre las credenciales de los nominados a cargos públicos.

“Estamos ante un gobierno que no tiene los recursos para tener a las personas más capaces y las personas con los requisitos adecuados en puestos esenciales”, manifestó.

La senadora, vicepresidenta del PIP, al sostener que la verificación de antecedentes de los nominados parece que es tan nebuloso como el de los siete mil currículum vitae que la gobernadora anunció que había recibido de personas interesadas en estar en su gobierno.

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