Muchos aquí y en otros países con grandes ingresos de remesas como México y Guatemala, por ejemplo, observan con preocupación una propuesta de ley que transita ya en la Cámara de Representantes y que plantea poner un impuesto del cinco por ciento a las partidas enviadas desde Estados Unidos.

En el caso de El Salvador se dice fácil pero, atendiendo a montos de 2024, el país recibió ocho mil 479.7 millones de dólares y el impuesto de cinco por ciento les restaría a las familias cerca de 423.9 millones, una cifra respetable.

Las estadísticas son preocupantes. Los flujos de remesas que envían las personas migrantes salvadoreñas benefician a más del 20 por ciento de los hogares y representan poco más del 23.9 por ciento en promedio del Producto Interno Bruto (PIB).

Datos de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples (EHPM) indican que esos dineros que envían familiares representan, además, una cobertura del 29.2 por ciento en promedio del consumo de hogares en los últimos años.

Estas ayudas permiten que los hogares puedan acceder a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades vitales, algo que no contemplan los congresistas estadounidense en su denominado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”.

Tras la presentación del paquete fiscal, es muy probable que los legisladores realicen cambios antes de llevarlo al pleno de la Cámara en los próximos meses, indicaron medios del entorno congresional pero ya las alarmas sonaron.

Este proyecto, visto desde otro ángulo, está dirigido contra los inmigrantes que no tienen nacionalidad estadounidense.

Las disposiciones de la propuesta señalan que los únicos exentos de pagar el impuesto serían los ciudadanos estadounidenses.

Atendiendo a esto, los salvadoreños que tienen la nacionalidad podrían librarse del nuevo gravamen, pero no los que están bajo protección de acuerdos como los Tratados de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que evitan temporalmente la expulsión de cerca de 300 mil salvadoreños, muchos de ellos remesadores.

“Va a impactar, sin duda, en los receptores, en una magnitud tal vez no del 100 por ciento pero sí algo importante. Al final, son desincentivos que buscan afectar a las economía receptoras y al mecanismo de remesas”, opinó el economista Rafael Lemus,

El experto en política internacional Napoleón Campos señaló que es claro que el objetivo de la propuesta de la gestión de Donald Trump es castigar la inmigración, incluyendo la legal, hacia los Estados Unidos.

Campos consideró que los anuales que salen de territorio estadounidense por concepto de ayudas familiares se aproximan a 80 mil millones y, si se gravan, dejarían de aportar cerca de cuatro mil millones de dólares a familiares en muchos países.

La idea no es nueva pues por ejemplo durante su campaña como vicepresidente JD Vance esbozó una propuesta para poner un impuesto del 10 por ciento a remesas.

Hasta ahora, el gobierno del presidente Nayib Bukele no emitió ningún comentario en el tema, lo cual es probable, atendiendo a que estas ayudas son una herramienta fundamental para el desarrollo social y económico del país.

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