Según un comunicado de esa magistratura, la decisión responde a las amenazas al normal desenvolvimiento que esos actores enfrentan en la actualidad.

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su informe titulado La reincorporación desarraigada, documentó 602 hechos de grave afectación contra personas en proceso de reincorporación que pertenecieron a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Desde la firma en 2016 del pacto, 456 firmantes fueron asesinados. De ese total, el 94 por ciento comparecía ante la JEP, participando en versiones voluntarias, aportando verdad a las víctimas y entregando información sobre personas dadas por desaparecidas, abundó la fuente.

Asimismo, ahondó, el 12 por ciento estaba vinculado a Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR).

Al tomar en cuenta el contexto, las órdenes emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP a distintas entidades buscan que se adopten medidas para prevenir y reducir la estigmatización contra firmantes y comparecientes de las antiguas FARC-EP.

La magistratura, por tanto, exhortó al Ministerio de Defensa a fortalecer la presencia preventiva de la fuerza pública en los espacios donde los mentados actores tienen presencia con el fin de proporcionarles condiciones seguras.

“Es necesario continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad física de esta población, especialmente de los y las comparecientes (ante la JEP), quienes, conscientes de sus obligaciones con la sociedad, vienen aportando verdad, esclareciendo hechos del conflicto y contribuyendo a la reparación de las víctimas”, señaló la comunicación.

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