La mesa legislativa, donde el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) cuenta con mayoría, tiene previsto este lunes escuchar a representantes de grupos empresariales y expertos en derecho penal.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos ya alertaron que el proyecto representa una amenaza al Estado de derecho, fomentaría el uso desmedido de la fuerza y dejaría intactos los verdaderos núcleos de la economía ilícita.
Por el contrario, según los firmantes, blinda la impunidad de actores estatales implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción.
Una de las medidas propuestas como parte de la Ley es que las empresas privadas que realicen donaciones a las fuerzas del orden reciban un beneficio tributario, o sea, sean exoneradas de pagar parte del Impuesto a la Renta.
Las organizaciones aseguran que bajo la justificación del conflicto armado interno -figura rechazada ya por la Corte Constitucional-, la norma permite allanamientos sin orden judicial, procedimientos penales exprés, prisión preventiva obligatoria y beneficios legales para policías y militares involucrados en delitos.
Asimismo, denuncian que el texto concentra un poder en la figura del presidente y el llamado Bloque de Seguridad, al que se le otorgarían facultades para declarar zonas de excepción, expulsar extranjeros y aplicar medidas económicas sin control parlamentario ni judicial.
Las organizaciones exigieron a la Asamblea Nacional rechazar el proyecto por inconstitucional y advirtieron que activarán acciones legales en caso de que se apruebe.
Noboa asumió este sábado un segundo periodo de mandato con la promesa de “salvar” de las “mafias” al país, reconocido por las propias autoridades como el más violento de la región.
“Esta es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas”, dijo el mandatario tras su investidura en un discurso, donde garantizó que no habrá tregua contra la delincuencia.
Pese a promesas similares hechas en la campaña de 2023, Noboa no logró reducir las cifras de asesinatos en su primer periodo de 18 meses en el poder.
Entre enero y abril de 2025, Ecuador registró tres mil 84 homicidios, lo que podría conllevar a que el año cierre como el más violento de la historia nacional.
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