Un comunicado del Senado italiano, divulgado en el sitio digital del diario Il Sole 24 Ore, señala que esta iniciativa, obtuvo 109 votos a favor, así como 69 en contra y una abstención, por lo que se convirtió en ley, debido a que previamente fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 29 de mayo.

En la votación final, que se realizó en medio de las protestas de algunos senadores opositores, los legisladores de derecha que ostentan la mayoría blindaron el texto con una moción de confianza, que impidió el examen de unas 900 enmiendas.

Este decreto, con una línea más dura en materia de orden público e inmigración, introduce nuevos delitos y varias circunstancias agravantes con el argumento de un reforzamiento de la seguridad de este país europeo, pero sus críticos lo consideran como “el ataque más grave a la libertad de protesta en las últimas décadas”.

Por otra parte, advierten el peligro de que las nuevas disposiciones afecten desproporcionadamente a las minorías raciales, migrantes y refugiados, lo que genera temores de posible discriminación y violaciones de derechos fundamentales.

Entre las medidas más significativas se encuentra el delito de ocupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno, castigado con hasta siete años de prisión y la posibilidad de que la policía judicial ordene la liberación inmediata del lugar, incluso sin orden judicial, en caso de ocupaciones ilegítimas.

En materia de lucha contra el terrorismo, el decreto introduce el delito de posesión de materiales con fines terroristas, castigado con penas de prisión de dos a seis años.

También se criminaliza la obstrucción de la libre circulación por carretera o ferrocarril, pues se convierte en delito penal lo que antes era solo una infracción administrativa y se prevén penas de hasta un mes de prisión o una multa de hasta trescientos euros, con sanciones más graves, de seis meses a dos años, si se realiza por varias personas.

Esta disposición podría afectar directamente las formas de protesta no violenta, adoptadas por los movimientos ecologistas y otros grupos activistas, a pesar de haber sido despenalizadas en 1999 precisamente por su importancia constitucional, vinculada a la libertad de expresión, indican analistas.

Para reforzar aún más el sistema de seguridad, se aumentan las penas para diversos delitos contra la propiedad y las personas, con la introducción de circunstancias agravantes específicas para los delitos cometidos en estaciones de tren, metro o medios de transporte.

A nivel operativo y tecnológico, el decreto prevé una inversión estatal de más de 20 millones de euros, durante tres años, para dotar a la policía de cámaras corporales y sistemas de videovigilancia para su uso en servicios de orden público, control territorial y vigilancia de lugares sensibles, agrega la fuente.

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