La llamada Ley 290 que regula la actividad bananera en el país llegó al pleno luego que fuera evaluada en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social del Legislativo.

El debate se realizó en presencia de la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, y su equipo técnico, trascendió.

Sin embargo, diversos sectores mantienen cierres viales en unos 20 puntos en reclamo de mejores condiciones para esa provincia noroccidental, a los que el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió la víspera en conferencia de prensa y advirtió que dio instrucciones de reabrir las vías.

En esa dirección, la Policía Nacional implementó la restricción temporal de la circulación de vehículos hacia la provincia de Bocas del Toro, debido a incidentes delictivos registrados durante protestas sociales en la región, según sus autoridades.

Un comunicado oficial indica que la medida responde a la actuación de “pequeños grupos” que, aprovechando las manifestaciones, han cometido actos que afectan la libre circulación por la carretera que conduce a Bocas del Toro.

La restricción aplicará para autos particulares, autobuses y vehículos de carga, a partir de las 24:00 hora local de este viernes y solo se permitirá el paso expedito de vehículos de emergencia y aquellos que transporten ayuda humanitaria.

Desde el 28 de abril, la provincia de Bocas del Toro ha vivido una intensa ola de protestas que comenzaron con el sector bananero rechazando la Ley 462, considerando que trastocaba la Ley 45, que establece beneficios para trabajadores bananeros.

El paro produjo el cierre de vías en al menos 25 puntos, especialmente en la localidad de Changuinola y los bloqueos provocaron graves impactos, entre ellos la suspensión de operaciones de la empresa Chiquita Panamá, dedicada a la producción de plátano.

De otra parte, gremios docentes aseguraron que mantendrán una huelga indefinida iniciada el pasado 23 de abril en demanda de pensiones dignas.

El dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Diógenes Sánchez, cuestionó al jefe de Estado cuando en su comparecencia ante medios de comunicación afirmó que la educación en Panamá es una vergüenza, y aseveró que la vergüenza era el mismo mandatario que ordena reprimir a los manifestantes, mientras entrega el país a Estados Unidos con tratados que atentan contra la soberanía nacional.

Sánchez aseguró además sobre una norma de pensiones que al pasar al nuevo esquema de cuentas individuales la jubilación se establecerá sobre su historial salarial mediante un cálculo que finalmente la reducirá entre un 30 al 35 por ciento, dependiendo de la cantidad de años trabajados, lo que sí afecta a los maestros.

Organizaciones de profesores anunciaron que este viernes se reunirán con la junta directiva del parlamento para abordar el tema de la ley 462, sobre la Caja de seguro Social (CSS), escuchar sus propuestas y posteriormente consultar a las bases el camino a seguir.

Mulino descartó nuevamente en su conferencia de prensa semanal cualquier posibilidad de derogar la norma y aseveró que las reformas a la entidad pública que atiende a los jubilados en ningún momento afectan los derechos de los educadores.

De otra parte, circularon en redes sociales mensajes de solidaridad desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en apoyo a los obreros de la industria de la construcción y otras centrales afiliadas por la criminalización de las protestas contra la ley del seguro.

Según Marcelo Di Estéfano, secretario de la Confederación Sindical de las Américas; y Jordania Ureña, secretaria adjunta de la Confederación Sindical Mundial, una comitiva viajará próximamente al istmo para respaldar esa lucha y condenar las violaciones a la labor de las organizaciones, en apego a convenios internacionales.

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