Los legisladores José Ormachea y Carlos Alarcón instaron a que el Ministerio Público profundice en una pesquisa sobre la grabación difundida la víspera por el medio Brújula Digital.

Según la publicación, esa plática telefónica se llevó a cabo entre Siles y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien a media semana fue aprehendido por disponer de manera irregular la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.

En la grabación, se escucha que la presunta voz de Siles garantiza seguridad al juez para que emita el fallo, con la promesa de que no le iban a “realizar ninguna acción”, pues él hablaría con autoridades del Ministerio Público, del que menciona, incluso, el apellido del fiscal general.

También, la voz que se escucha informa que interactúa con el Tribunal Constitucional Plurinacional para confirmar la sentencia.

El sábado último, se conoció que Siles presentó su renuncia al cargo, en una carta en que, sin identificar a alguien, afirma que existían rumores y acusaciones en su contra.

Brújula Digital informó este domingo que trató de consultar a Siles, pero él eludió declarar con el argumento de que tras la salida del cargo el martes comentará sobre la presunta grabación.

El diputado Ormachea insistió en que corresponde a la Fiscalía actuar de oficio e investigar el audio, porque también puede llegar a ser afectada al ser mencionada en la conversación.

Opinó que, de confirmarse la veracidad del audio en un peritaje internacional, debería procederse con la aprehensión de Siles.

En el contexto de este escándalo de la esfera judicial, el diputado Alarcón indicó que debe verificarse la autenticidad del audio y tomar la declaración ampliatoria del juez Lea Plaza. Instó a que el TSJ haga el seguimiento en el Ministerio Público.

Consideró en contra del Gobierno que el audio confirma “una intromisión descarada, grotesca, una injerencia directa y una manipulación total y absoluta del Órgano Judicial y del Ministerio Público”.

Criticó que el audio muestra una acción totalmente manipuladora para sacar del cargo a una magistrada elegida por el voto popular.

Al respecto, recordó que consejeros de la magistratura destituidos anteriormente ya habían denunciado el mismo modus operandi por parte del exministro Iván Lima.

En su criterio, el propósito del presunto consorcio ilegal era destituir a la magistrada Coaquira con el objetivo de tomar el control de la presidencia del TSJ, debido a que el actual titular desde que asumió el cargo defiende la independencia de este órgano del Estado.

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