“La prisión federal en Estados Unidos liberó a Arturo Murillo ayer, el 20 de junio. En este momento no sabemos su paradero, aunque lo más probable es que se encuentre en un centro de detención de migrantes”, escribió en sus redes sociales el abogado y activista de derechos humanos Thomas Becker.

El exministro de Gobierno salió en libertad tras cumplir una condena de 70 meses por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular con sobreprecio de gases lacrimógenos para reprimir a quienes exigían el retorno del orden constitucional, después que un golpe cívico-militar derrocó al expresidente Evo Morales.

Murillo fue aprehendido en 2021 y en 2022 se declaró culpable ante la justicia estadounidense.

Su condena inicial era hasta septiembre de 2028, pero por presunta buena conducta y otras disposiciones de la justicia norteamericana se redujo el tiempo de sanción que debía extinguir.

Sin embargo, el responsable principal de la represión que desembocó en masacres como las de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 37 muertos, cientos de heridos y miles de encarcelados y torturados, encara ocho procesos penales abiertos en Bolivia, de los cuales dos ya cuentan con sentencias.

Al referirse al tema, el ministro boliviano de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo que el extitular sería aprehendido con fines de extradición tras salir en libertad en Estados Unidos, y que la Procuraduría General del Estado encabeza estas gestiones.

“La Procuraduría ya ha estado manifestando cuáles son todas las resoluciones y las solicitudes que han presentado al gobierno norteamericano para que el señor Murillo retorne a nuestro país y responda ante la justicia”, añadió Ríos.

Indicó que el Gobierno nacional orientó no escatimar esfuerzos para concretar la deportación, y consideró que existen “avances positivos” en el proceso.

Aclaró, no obstante, que la Procuraduría General del Estado es la entidad responsable de las gestiones internacionales.

“Es importante que se puedan atender todas estas consultas, precisando, pero también informando sobre los actuados que se han realizado”, acotó.

El exministro de Gobierno mediante un esquema de soborno favoreció a una empresa norteamericana con un contrato de más de cinco millones de dólares para la provisión de medios antidisturbios.

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