Durante su habitual encuentro con periodistas, la jefa del Ejecutivo señaló que las autoridades no han podido hasta el momento disminuir este delito, pese a que todos los demás de alto impacto siguen a la baja durante la presente administración, iniciada el 1 de octubre.
Al recordar la divulgación el domingo de la estrategia nacional contra la extorsión, basada en ejes como la habilitación del 089 para llamadas confidenciales, la mandataria explicó que esta modificación a la ley refuerza lo presentado, sobre la base de que la denuncia “no descanse en la víctima”.
“Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado”, explicó.
Con respecto a la necesidad de modificar con este propósito la carta magna, refirió que la razón es concretar la misma legislación para todo el país.
“Para que pueda haber una ley general contra la extorsión –aclaró-, tiene que modificarse la Constitución en las atribuciones del Congreso. El Congreso va a poder expedir una ley general contra la extorsión por la modificación constitucional que vamos a hacer”.
“Se modifica la constitución, se hace una ley general contra la extorsión y todos los estados deben hacer sus leyes de acuerdo a la ley general”, resumió.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, precisó que se propone la modificación en el artículo 73 constitucional con el propósito de dotar de facultades al Legislativo para emitir una normativa con un tipo penal único, agravantes, delitos vinculados y sus sanciones.
Según expuso, en la nueva legislación se establecerá de manera muy clara que el delito “será perseguido de oficio con la estrategia que ya se está echando a andar, pero que será reforzada con la modificación constitucional para que a nivel nacional podamos tener esta coordinación”.
En días recientes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, aseveró que la estrategia operará de manera prioritaria en ocho entidades que concentran el 66 por ciento del delito: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y esta capital.
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