En declaraciones al Canal Parlamentario, el diputado afirmó que la población que vive en las comunidades limítrofes del país no debe tener ningún temor por la normativa, pues ahora esas zonas contarán con mayor seguridad, y se evitará la apropiación por parte del crimen organizado.
“Ahora en esa zona va a tener el resguardo total de las Fuerzas Armadas, van a estar mucho más seguros sus viviendas, su producción, su desarrollo. Nadie tiene por qué sentir ni un ápice de temor; las tierras siguen siendo producidas, cultivadas, siguen ellos estando ahí”, enfatizó.
La legislación fortalece el marco jurídico para la defensa de los intereses del pueblo, y define que el territorio fronterizo es propiedad del Estado, delimitándolo a 15 kilómetros desde la línea limítrofe hacia el interior del país.
En ese sentido, el parlamentario explicó que no hay ningún problema con las ciudades que están dentro de esos 15 kilómetros y añadió que va a existir es más control “para evitar que en el negocio inmobiliario de compra venta, no entre el crimen organizado internacional”.
“El crimen organizado, el lavado de dinero internacional, el narcotráfico, usan cada día diferentes modalidades para asegurar la delincuencia internacional organizada y uno de ellos es comprar territorios en las zonas fronterizas de los países para tener enclaves disfrazados de particulares para el narcotráfico, el contrabando y sus actividades ilícitas”, subrayó.
Castro aclaró que en Nicaragua existía una Ley de Frontera, la cual establecía que a cinco kilómetros estaba totalmente prohibido vender la propiedad del Estado y 10 km más eran para su desarrollo.
“Con esta ley reafirmamos, reaseguramos, consolidamos más esa defensa fronteriza. Y es por eso que se dice que 15 kilómetros de la frontera delimitada es propiedad del Estado”.
“Esto asegura que estos 15 kilómetros están bajo resguardo de nuestra Soberanía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional”, argumentó.
Según se conoció, dicha delimitación es vital para prevenir también amenazas externas y hacer frente a delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, los cuales atentan contra la tranquilidad de las familias nicaragüenses.
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